Morelia, Michoacán, México, 25 de julio de 2018.- En Michoacán no hay marcha atrás en la ejecución del Proyecto de Nación 2018-2024 y en la aplicación de los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y política de austeridad republicana anunciados por el Lic. Andrés Manuel López Obrador. Una de las primeras acciones será revisar y derogar la Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos del Estado de Michoacán vigente, para aprobar una nueva ley que contenga totalmente el espíritu de la estrategia del nuevo gobierno de México, aseguró la diputada electa Cristina Portillo Ayala, al señalar que ya existe un acuerdo de los partidos Morena y PT para avanzar en este sentido.
La legisladora de Morena por el distrito once de Morelia presentó este lunes su agenda legislativa en una reunión de capacitación de Morena y PT para los nuevos diputados de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, donde uno de sus aportes más importantes fue el análisis de la política de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su correlación con la Ley de Remuneraciones estatal de la que derivará un nuevo ordenamiento, más acorde con la nueva realidad política y económica de México, todo bajo la perspectiva del Proyecto de Nación 2018-2024 del nuevo gobierno republicano que encabezará el Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Ante la alta dirección de ambos partidos, legisladores electos y asesores técnicos de los dos institutos, la abogada nicolaita dijo que entre los lineamentos generales en esta materia, se establece que no habrá bonos económicos especiales para funcionarios públicos y el salario será integral. En una fase posterior, la diputada Cristina Portillo y compañeros de Morena y PT definirán la agenda legislativa y política con la que trabajará la Septuagésima Cuarta Legislatura de Michoacán.
En la reunión, la legisladora moreliana dijo que en Michoacán, la Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos del Estado en su Art. 6, fracción I, habla de las remuneraciones (salario además de prestaciones en efectivo, crédito, especie y servicios). Para cumplir con el espíritu del lineamiento -que tendrá que aprobarse una vez que esta legislatura entre en funciones a partir del 15 de septiembre de este año-, se trabajará para eliminar los bonos económicos extraordinarios y las prestaciones en especie (aquellos bienes distintos a la moneda de curso legal) así como las prestaciones en servicios, que son los beneficios recibidos mediante la actividad personal de terceros que dependan o se encuentren vinculados a la autoridad en que laboren.
Portillo Ayala aceptó que aunque el Art. 7, párrafo segundo, de la ley vigente establece que en los presupuestos de egresos no se contemplarán compensaciones, bonos o incentivos económico durante el encargo o conclusión del mandato o gestión de los servidores públicos, es imprescindible que en la nueva ley queden expresamente prohibidos. Esto debido a que en la práctica estos incentivos sí se aplican.
La nueva Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos del Estado de Michoacán en la que ya trabajan Cristina Portillo y sus colaboradores, también tendrán que atender de forma especial el Art. 23 que aborda las remuneraciones por estímulos que se otorgan a los servidores públicos que acrediten su desempeño extraordinario, productividad y eficiencia. En este ámbito, la nueva norma tendrá que prohibir categóricamente los estímulos a representantes de elección popular estatales, lo mismo que magistrados y funcionarios del poder judicial y se revisarán y valorarán los sueldos y compensaciones para los integrantes del Tribunal Electoral de Michoacán y del Instituto Electoral de Michoacán, porque los montos actuales resultan insultantes para la clase trabajadora de Michoacán, que tienen sueldos y prestaciones sensiblemente inferiores. No existe una lógica técnica que demuestre que estos sueldos y prestaciones tengan que aprobarse, cuando la enorme mayoría de obreros y empleados asalariados ni en sueños pueden imaginar situaciones semejantes, aclaró la legisladora de Morena.
Un aspecto por demás esencial en la revisión a la legislación salarial de la alta burocracia, se refiere a la supresión de toda partida para gastos médicos privados. La nueva ley michoacana tendrá que incorporar claramente este apartado para alinear ambas realidades.
Cristina Portillo Ayala dijo que también se trabaja en la política de reducción a la mitad todos los sueldos de los altos funcionarios públicos de Michoacán –en la misma intensidad y medida que se hará en la estructura burocrática federal-, con la definición de un tope máximo de ingresos para todos los servidores públicos de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo estatales. Para ello se trabajará en el Tabulador de los Servidores Públicos del Estado que tendrá que aprobar el propio congreso y no sólo aprobarse a partir de los criterios delimitados por la Comisión de Remuneraciones de los Servidores Públicos de Michoacán, como se hace ahora.
Aclaró que tendrá que estar debidamente fundamentada y expresada en la nueva ley que esta comisión también analizará y podrá a consideración del congreso para su aprobación en el tabulador respectivo, los criterios para determinar los salarios de los trabajadores de los ayuntamientos michoacanos, especialmente presidentes municipales y regidores, quienes ahora por decisión de ellos mismos en el cabildo, son auto establecidos.
A esta sesión de trabajo en la que estuvieron legisladores y legisladoras michoacanas de todo el estado.
