Como resultado del cumplimiento de los lineamientos federales que regulan el fortalecimiento de la justicia laboral en el país, el Poder Judicial de Michoacán obtuvo la aprobación de un subsidio por 5 millones 298 mil 766.41 pesos, recursos que serán destinados a fortalecer la operación de los tribunales laborales y brindar una atención más ágil, eficiente y moderna a trabajadores y empleadores.
Lo anterior deriva de los Lineamientos por los que se establecen las bases y
requisitos que deberán cumplir las entidades federativas para acceder al
subsidio para la creación, fortalecimiento y/o mejora de los Centros de
Conciliación y los Tribunales Laborales, cuyo propósito es consolidar el sistema
de justicia laboral para la pronta resolución de conflictos.
En cumplimiento de dichos lineamientos, el Poder Judicial de Michoacán
presentó el Proyecto para el Fortalecimiento del Tribunal Laboral Local del
Estado, mismo que fue evaluado favorablemente por la Unidad de Enlace para
la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, la cual confirmó que cumplía con
todos los requisitos establecidos para acceder al subsidio.
Posteriormente, el Comité de Evaluación de Proyectos autorizó el proyecto y el
monto máximo de financiamiento, lo que derivó en la suscripción del Convenio
de Coordinación para el otorgamiento de este subsidio.
Los recursos aprobados serán destinados al fortalecimiento de la
infraestructura tecnológica y el equipamiento de las salas de oralidad y oficinas
de los cinco juzgados laborales del estado, ubicados en las regiones de Morelia,
Uruapan y Zamora, con el propósito de optimizar la atención a la ciudadanía,
agilizar el desarrollo de las audiencias y fortalecer la impartición de justicia
laboral.
De acuerdo con los lineamientos federales, el subsidio no podrá destinarse a la
contratación de servicios personales ni al pago de gasto corriente distinto al
expresamente autorizado, por lo que su aplicación estará enfocada
exclusivamente en acciones de fortalecimiento institucional.
La consolidación de los tribunales laborales representa un beneficio directo
para personas trabajadoras y empleadoras, al contar con órganos
jurisdiccionales mejor equipados para resolver controversias mediante
procedimientos orales, transparentes y expeditos. Ello permite reducir tiempos
de resolución, brindar mayor certeza jurídica y garantizar una tutela efectiva
de los derechos laborales.
