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Periodistas y organizaciones exigen a AMLO y al Senado resolver la situación del INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 180 periodistas y 75 organizaciones de la sociedad civil exigieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al Senado de la República garantizar la transparencia y el acceso a la información pública como un derecho humano.

Mediante un pronunciamiento difundido el mediodía de este viernes, advirtieron que la petición del titular del Ejecutivo Federal de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la decisión deliberada del Senado de impedir que el pleno de ese organismo reúna el quórum legal para sesionar violenta el derecho de la sociedad a estar informada.

Añadieron que las funciones del INAI no pueden ser absorbidas por otras instituciones, como lo ha sugerido el presidente, pues se trata de un órgano central para la protección del derecho a saber de la sociedad

El documento es firmado, entre otras organizaciones, por Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Artículo 19, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro Nacional de Comunicación Social, A Dónde van los Desaparecidos, Quinto Elemento Lab, Comunicación e Información de la Mujer, NiUnoMás Michoacán, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Propuesta Cívica y Pop Lab Guanajuato.

Por parte del gremio periodístico suscriben el pronunciamiento Adela Navarro Bello, Alexandra Xanic, Alejandro Castro, Analy Nuño, Denise Dresser, Jorge Carrasco Araizaga, Magali Tercero, Marcela Turati, Martha Durán de Huerta, Patricia Monreal, Reyna Haydee Ramírez, Sibely Cañedo, Témoris Grecko, Thelma Gómez Durán y Verónica Espinosa, entre otros.

Recordaron que desde hace 35 días, el órgano de gobierno del INAI no puede sesionar por falta de quórum, y por lo tanto, no puede tomar decisiones como la resolución de los recursos de revisión, la atracción de los recursos pendientes de resolución en los organismos garantes, la emisión de recomendaciones a los sujetos obligados respecto a la información que están obligados a publicar y tampoco puede interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad ante decisiones que buscan limitar el acceso a la información.

Lo anterior, expusieron, debido a la omisión del Senado de la República que “ha incumplido impunemente con su obligación constitucional de designar a tres de sus comisionados/comisionadas (la designación de dos de ellos acumula 398 días de retraso)”.

Conforme al pronunciamiento, esto se agrava ante el desacato reiterado de una resolución judicial que le ordena al Poder Legislativo cumplir con sus obligaciones y desoye los múltiples llamados sociales y de organismos internacionales, negando así el derecho a saber de las personas y la sociedad mexicana en su conjunto.

Las organizaciones y periodistas firmantes manifestaron que los constantes amagos por parte del Ejecutivo Federal contra el INAI, que “van desde proponer su desaparición y que otros organismos absorban sus funciones, se profundizan con una campaña de desinformación que sólo les conviene a unos cuantos, a los poderosos que tienen algo que esconder de la sociedad”.

Hicieron notar que esto ocurre en un contexto en el que las negativas de entregar informaciones solicitadas son cada vez más recurrentes y se abusa de la reserva de la información por parte de las instituciones públicas.

“El acceso a la información pública —señalaron— es un derecho humano reconocido en el Artículo 6 de la Constitución mexicana y una herramienta crucial para el trabajo periodístico y de la sociedad civil. Así, se convierte en un bien que ayuda a la ciudadanía a conocer sobre el uso y destino de sus recursos, conocer los proyectos que impactan a su comunidad para la toma de acciones y decisiones”.

Por lo anterior, puntualizaron, “las personas, colectivos y organizaciones que suscribimos este posicionamiento hacemos un llamado enérgico a que se resuelva urgentemente esta situación y se dejen de vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía, situación inadmisible en un régimen democrático que ha colocado como eje la narrativa de la transformación del quehacer público, pero que se contradice al mandar un mensaje contundente a favor de la opacidad. Cada día que pasa se obstaculiza el saber qué hace el gobierno y esa discrecionalidad atenta contra el pueblo de México”.

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