Por: Juan José Rosales Gallegos
No todo han sido malas noticias en estos 20 meses y medio que Alfredo Ramírez Bedolla, está al frente del ejecutivo del estado. Hay victorias jurídicas sólidas y consolidadas, más allá de los amagos y la falta de pericia expuestas por la secretaria de la Contraloría en su “cruzada” (extraviada) por asear la administración pública local, o las cuentas alegres que entrega el secretario de gobierno como líbelos a la razón.
Gracias al litigio estratégico trazado desde la Consejería Jurídica del gobierno estatal, se pudo evitar un daño a las finanzas públicas de más de 180 millones de pesos que pretendía cobrar la empresa Soriana. El pleito data de 2014, cuando la cadena de supermercados demandó por la vía Mercantil a la Secretaría de Política Social, el pago de $211´965,332.22 (doscientos once millones novecientos sesenta y cinco mil trescientos treinta y dos pesos 22/100 m. n.), por la presunta entrega de despensas a elementos de la Policía Federal durante los años 2012 y 2013. Desde este momento la sentencia le fue adversa a la Empresa pues no pudo acreditar la entrega de la mercancía señalada en los contratos. En pocas palabras, no demostró que las despensas llegaron a las familias de los policías.
En 2017, por la misma razón, Soriana volvió a la carga a través de un Juicio Ordinario Mercantil y logra que la Secretaría de Finanzas y Administración acepte celebrar un Convenio de Reconocimiento de Adeudo admitiendo la cantidad de las facturas. Mostrando su “buena fe”, la Empresa otorga una quita del 15% sobre la suerte principal y el gobierno del estado realiza un “abono” de 30´000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 m.n.), logrando con esto cerrar (de forma fugaz) el proceso jurídico.
Un año después, en la sentencia se resuelve que la Vía Mercantil elegida por Soriana es improcedente.
La tragicomedia tiene un nuevo capítulo en 2020 con giro y revire. Nueva sentencia que desconoce lo anteriormente pactado, en la cual se condena a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán a pagar, $181’930,231.42 (ciento ochenta y un millones novecientos treinta mil doscientos treinta y un pesos 42/100 moneda nacional), por suerte principal y cubrir intereses moratorios a razón del 6% anual a partir del 9 de enero de 2019.
La oportuna intervención de la Consejería Jurídica del actual gobierno logró revertir (otra vez) el fallo favorable a Soriana y logró que se declarara la nulidad lisa y llana del reconocimiento de adeudo. Esto quiere decir que la Empresa no puede cobrar porque no entregó las despensas; quiere decir también que Soriana actuó de mala fe pretendiendo aprovecharse del erario michoacano.
La victoria definitiva en esta batalla jurídica la obtuvo el equipo del Consejero Jurídico, César Augusto Ocegueda Robledo ocurrió en el mes de marzo del presente año. La justicia federal resolvió no amparar ni proteger a Tiendas Soriana.
