Por: Juan José Rosales Gallegos.
La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar artículos de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, sustento para la creación de los autogobiernos, cimbró al gobernador Alfredo Ramírez. Su pretensión de atomizar los municipios promoviendo la figura de autogobiernos fue parada en seco por el máximo tribunal del país.
En el mes de febrero del año 2020, siendo diputado local Ramírez, organizó el Foro: “Derecho a consulta ciudadana, presupuestos participativos y atribuciones de autoridades auxiliares”, con la finalidad de lograr el consenso para la modificación de la Ley Orgánica Municipal del estado y poder instrumentar los presupuestos participativos y directos a las comunidades, la simiente de lo que describe como autogobiernos.
El diputado argumentó que reconocer la figura de autogobierno y otorgar presupuesto participativo, permitiría un desarrollo más equilibrado en los municipios y abatir rezagos en tenencias y comunidades. Decía Alfredo Ramírez que su propuesta, alentaría un mayor cumplimiento de los ciudadanos respecto a sus obligaciones fiscales municipales. Su cruzada personal era por, “una reivindicación histórica”.
La modificación a la Ley Orgánica de los municipios se aprobó, pero con graves inconsistencias y omisiones. En su momento el legislador panista, Hugo Anaya, como presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, advirtió sobre el endeble cimiento de la reforma, malhecha por los asesores jurídicos de Ramírez en la LXXIV Legislatura local.
Llegando a la gubernatura, el morenista colocó como una prioridad su “reivindicación histórica” a los pueblos indígenas y de inmediato se aprestó a fragmentar los municipios promoviendo el llamado autogobierno, hasta que la Suprema Corte señaló que la #LeyBedolla, “afecta los derechos e intereses de los pueblos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad”. Como titular del ejecutivo del estado, debió asesorarse de un equipo jurídico robusto que revisara su “cruzada” para prevenir cualquier descalificación. El resultado revela que no está rodeada por los profesionales adecuados.
Este es otro golpe que su equipo cercano le asesta a Alfredo Ramírez Bedolla. El primero, fresco en la memoria, la detención del chofer de Cesar Erwin Sánchez con más millón y medio de pesos en efectivo, cuyo origen y destino a la fecha no ha sido demostrado. El segundo, su incompetente equipo de consejeros.
Ojalá y el gobernador no se vuelva a equivocar convirtiendo temas técnicos y jurídicos en propaganda política. No haga mítines en Casa de Gobierno en los cuales participan dudosos representantes “indígenas” y presidentes de organismos que suponemos autónomos.
Por cierto, no olvidemos, Ramírez es abogado.
