Necesario reforzar la difusión de las resoluciones de jueces para abonar a la confianza ciudadana: Reséndiz García

“La recuperación del tejido social es una
corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad desde las respectivas
competencias”, mencionó el magistrado presidente Jorge Reséndiz García al
intercambiar ideas con integrantes del Consejo Michoacano para la Construcción, Paz y
Reconciliación.
Señaló que en el caso concreto del Poder Judicial de Michoacán, aporta a este objetivo
colectivo a través de la impartición de justicia; las juezas y jueces tienen como premisa
fundamental, por una parte, hacer efectivo el interés superior de la niñez al emitir
oportunamente las órdenes de protección en los casos que se amerite y, por otra parte,
contribuir al fortalecimiento de las mujeres elaborando sentencias bajo el principio de
perspectiva de género y sin revictimizarlas.
De igual manera, habló de la responsabilidad y obligación que tiene la judicatura local
de garantizar los derechos humanos a las partes involucradas en los procesos
judiciales, esto con base en el artículo primero constitucional.
En ese orden de ideas y para abonar a la confianza ciudadana en cuanto al actuar de
los jueces, el presidente Jorge Reséndiz destacó la necesidad de seguir reforzando la
difusión entre la ciudadanía, de los argumentos que sustentan las resoluciones, así
como los motivos por los cuales el tiempo para concluir cada procedimiento es diverso,
en razón de los recursos que presentan las partes para hacerlos valer en su legítima
defensa.
“De esta manera el Poder Judicial contribuye a reestablecer la paz en Michoacán y en
México, no es una labor sencilla, debemos ser persistentes; desde las respectivas
competencias, la institución seguirá buscando que nuestra sociedad recobre el orden y
la paz a fin de consolidar una interacción social sana”.
Cabe señalar que, de acuerdo con el decreto de creación publicado en el Diario Oficial
del estado el 12 de marzo de 2020, el Poder Judicial forma parte del referido Consejo
Michoacano, el cual se conforma por representantes de la sociedad civil, autoridades
estatales e instituciones educativas; entre sus objetivos está el generar, promover y
difundir procesos que contribuyan al derecho a la cultura de la paz, así como
desarrollar un conjunto de estrategias multidimensionales, trasversales e incluyentes.