El pasado sábado la Asamblea Nacional Constituyente, brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, “recomendó” la liberación de 80 de los más de 400 presos políticos que existen en Venezuela. Horas después 44 personas acusadas de impulsar la violencia en manifestaciones contra el gobierno entre 2014 y 2017 fueron liberadas, sin pasar por orden de un tribunal, como muestra de la “firme voluntad” de negociar.
“La ANC y la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz demuestran con hechos la firme voluntad de diálogo de la Revolución y el presidente Nicolás Maduro. Ojalá la oposición sepa leer estas acciones y aísle para siempre sus factores violentos”, escribió en su cuenta de Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
El yerno de Chávez hacía referencia a Estados Unidos, al que han exigido que levante las sanciones económicas en contra de los funcionarios y de PDVSA para seguir adelante en el proceso. Hace apenas 20 días el ministro de Comunicación había supeditado el diálogo con la oposición al cese del castigo.
“Venezuela no va a ir a un evento electoral, ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses o de otra índole”, aseguraba Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la Constituyente madurista.
El gobierno de Venezuela está en medio de una profunda crisis económica (ha caído en impago de deuda en tres ocasiones en menos de dos meses) que se ha recrudecido con la imposición de sanciones a Venezuela por parte de los gobiernos de EU y Canadá.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha asegurado que “si los miembros del régimen de Nicolás Maduro desean que se levanten las sanciones del gobierno de Donald Trump, deben actuar para restablecer la democracia y el orden constitucional en Venezuela”.
El único financista con el que cuenta Maduro es Rusia, nación que decidió prestar más dinero al gobierno de Venezuela a cambio de la concesión para explotar gas en el país sudamericano y obtener el 100 por ciento de las ganancias por su exportación.
El expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002) llamó el pasado 24 de diciembre a la comunidad internacional a exigir la libertad plena de todos los “presos políticos” en Venezuela, pero sin reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de ese país, cuya actuación criticó.
En declaraciones a la agencias de noticias Efe, Quiroga señaló que se alegró al saber que personas como Roberto Picón o el exalcalde de Barquisimeto (centro-oeste) Alfredo Ramos “estén con sus familias en Navidad, pero la comunidad internacional debe exigir la libertad plena, total e irrestricta de todos y cada uno de los presos políticos ya“.
“La comunidad internacional debe exigir la liberación total, debe exigir la redemocratización de Venezuela y nunca a cambio de reconocer a esta asamblea narco-cubana que es el mecanismo por el cual se quiere instaurar una segunda Cuba en pleno siglo XXI en la tierra de Bolívar”, manifestó el exgobernante boliviano.
“Ni siquiera se pasan el trabajo de pretender que hay una decisión judicial, no, es una decisión política de la ANC que los libera cuando les da la gana, mostrando que son secuestrados de una tiranía los demócratas como Roberto Picón, el alcalde Ramos y otros”, añadió el exmandatario, crítico del gobierno de Maduro.
Canadá responde y expulsa embajador
Mediante un comunicado difundido ayer, la Ministra de relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, declaró persona non grata al encargado de Negocios de Venezuela en su país, además de declarar que impedirá el retorno del Embajador venezolano, que había salido de Canadá como protestas ante declaraciones dadas por ese país respecto al gobierno de Nicolás Maduro.
“El gobierno de Venezuela anunció que el encargado de Negocios de Canadá fue declarado persona non grata y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro, el cual ha constantemente socavado todos los esfuerzos para restaurar la democracia y ayudar al pueblo venezolano”, dice el comunicado.
Además la representante diplomática asegura que “los canadienses no se mantendrán al margen mientras el gobierno de Venezuela roba a su pueblo de sus derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica”.
Vía La Razón
