Por: Juan José Rosales Gallegos
Morelia, Michoacán, 28 de noviembre 2021.- El 12 de julio del año 2019, el Gobierno del Estado de Michoacán, representado por el entonces titular del ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, puso a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, toda la información para, “incrementar la identificación de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos”. Además, “eficientar las labores de fiscalización del Estado de Michoacán de Ocampo”.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiar el terrorismo. Debe impedir el “lavado de dinero” y perseguir todo hecho de corrupción contra el servicio público. Para lograr lo anterior, el gobierno de Michoacán le abrió la puerta a la UIF, como se describe en uno de los compromisos signados: “El Gobierno (de Michoacán) proporcionará a la UIF, información que resulte útil exclusivamente para el desempeño de las atribuciones de la Unidad a través de la consulta directa a las bases de datos con las que cuente el Gobierno (de Michoacán)”.
Las bases de datos a las que puede acceder, a partir de la firma del Acuerdo se describen de forma precisa:
-Padrones y registro de contribuyentes.
-Bases de datos, expedientes y/o registros en relación a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal dentro del territorio del estado.
-Registro de inscripción de contribuyentes, estadística censal y fiscal referente a personas físicas o morales.
-Todos los registros relativos a personas físicas y morales respecto de su localización o reubicación; información sobre el padrón vehicular o en relación con los testimonios que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del estado.
-La información relativa a los proveedores y prestadores de servicios, así como aquellos contribuyentes que se encuentren inscritos en el padrón de proveedores de la Administración Pública del estado.
-Los registros o información que obren, respecto a los hechos o actos que se inscriban en el Registro Civil.
En pocas palabras, la Unidad a cargo de Santiago Vasconcelos tenía acceso a todo.
A partir de la firma de este Convenio el gobierno federal a través de la UIF, tenía acceso a TODA la información financiera, no solamente del gobierno estatal, también de todos los ciudadanos que pagan impuestos en la entidad, tienen algún negocio o tuvieron alguna relación de carácter comercial con la administración local. Podían conocer, “cualquier hecho o acto” inscrito en el Registro Civil.
Entre tantas escaramuzas, petardos y fuegos artificiales lanzados por la actual administración estatal, está la constancia de que el brazo ejecutor de la “cuatroté” contra la corrupción, desde el año 2019 tuvo la puerta abierta y pudo acceder a toda la información del gobierno en turno. Especialmente se debe destacar que, la Unidad de Inteligencia financiera tenía el acceso a: “La información relativa a los proveedores y prestadores de servicios, así como aquellos contribuyentes que se encuentren inscritos en el padrón de proveedores de la Administración Pública del estado”.
Será bueno entender si la UIF detectó, “actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; algún indicio de lavado de dinero o hecho de corrupción contra el servicio público.
Todo esto, ¿lo saben los que ahora gobiernan el estado?
