Morelia, Michoacán, México, 6 de marzo de 2019, cristinapmorena@.- La reforma constitucional en materia de extinción de dominio, es una acción para impactar e inhibir la corrupción y los actos ilícitos en personas que tienen bajo su responsabilidad resguardar, proteger, administrar y capitalizar positivamente los bienes de la nación, pero que, en el tránsito como funcionarios públicos, han perdido el rumbo y han sido tentados a la comisión de ilícitos.
Así lo señaló la diputada Cristina Portillo Ayala, al razonar su voto favor de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que la corrupción, “… es el peor de los lastres para una sociedad y un país que se merece una realidad y un destino diferentes”, porque en México, la corrupción en el ámbito pública cuesta millones de dólares y pocas veces se recuperan ese capital y esos bienes.
La reforma y adición al artículo 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, se aprobó este día por unanimidad, por las y los legisladores del Congreso del Estado de Michoacán.
La diputada de MORENA aclaró que se separa el procedimiento penal que se sigue contra el acusado y el procedimiento de juicio civil de extinción de dominio, con la pretensión que el Estado pueda recuperar los bienes, independientemente de la condena que se imponga al responsable de los actos de corrupción o ilícitos.
Dijo que solo aplicaría a las personas vinculados a los casos y procesos judiciales descritos y no se pone en riesgo la propiedad privada ni los bienes de las personas, que hayan sido obtenidos por mecanismos lícitos.
Agregó que se amplía el catálogo de delitos bajo los cuales se aplicará esta figura. Técnicamente ahora estarán incluidos: extorsión, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
Con esta acción legislativa, se da un paso firme y contundente para proteger los bienes públicos en favor de la propia sociedad dijo la diputada de MORENA tras aclarar que en su aprobación, “… no hay rentabilidad política, sino una respuesta concreta a una sociedad que está harta de ser sometida a las mentiras y a la corrupción”.
En la iniciativa presentada por las senadoras y senadores de MORENA, avalada ya por la Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos estatales, se señala que en México, la Ley de Extinción de Dominio está vigente desde 2008 y actualmente esta figura ha dado resultados en la recuperación de bienes y recursos cuya adquisición ilícita se ha demostrado judicialmente.
Está convertido en un instrumento jurídico que contribuye en forma determinante al combate a la delincuencia, porque una de sus finalidades es socavar el poder económico de los delincuentes y facilitar al Estado Mexicano, contener la criminalidad, al influir en su estructura operativa y financiera.
Hoy día, la extinción de dominio es un instrumento legal, por el que se declara judicialmente la pérdida de la titularidad de bienes de una persona a favor del Estado, sin que medie la contraprestación ni compensación alguna para el afectado. Todo ello, siempre que la sentencia judicial ratifique la comisión de actos ilícitos, detalló.
La iniciativa ya aprobada, contempla recuperar para el Estado Mexicano los bienes decomisados a funcionarios, ex funcionarios públicos y prestanombres acusados, enjuiciados y sentenciados por actos de corrupción y tráfico de influencias. Además se incluyen los delitos cometidos por servidores públicos contra la administración pública, en casos muy concretos de delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Y se incluye a los prestanombres.
Cristina Portillo indicó que justamente el espíritu de esta reforma y adición constitucional supone que uno de los mecanismos más eficientes y eficaces para combatir la delincuencia organizada y los actos de corrupción en el ámbito público, es justamente, afectar las estructuras financieras y las ganancias generadas por estas actividades y al final, recuperar los activos generados mediante dinero ilícito.
La iniciativa incluye además la reforma al artículo 73 de la Constitución en su fracción XXX para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, justamente en lo que se refiere a extinción de dominio, concluyó.
