Por: Humberto Urquiza Martínez
Morelia, Michoacán, 2 de mayo de 2018.- La gobernabilidad se ha entendido como una acción de los gobiernos que tienen como objetivo mantener condiciones de orden en la sociedad, para el desenvolvimiento de las actividades de los ciudadanos, a partir de ciertos parámetros de paz y tranquilidad, para lograr el desarrollo colectivo y en todas las líneas en que funciona una sociedad. Desde su concepción, gobernar significa, dirigir un país, mandar con autoridad, manejar a alguien, ejercer fuerte influencia sobre de él, entre otras definiciones, en todas ellas se refieren a la acción que realiza el gobierno (sus titulares) en su calidad de responsables de dirigir a la sociedad y señalar los límites que se deben de tener, para llegar a un objetivo.
Dentro de un proceso electoral, los candidatos y partidos políticos buscan llegar a los espacios de representación, que se encargan, entre otras cosas, de la gobernabilidad. Sin embargo, cuando la autoridad en funciones no logra encontrar las mejores formas de canalizar los problemas en la sociedad, la resolución del problema y la responsabilidad se trasladan a otros espacios y autoridades que no les corresponde cumplir con la gobernabilidad. La ausencia de autoridades que deban cumplir con sus obligaciones de generar condiciones de convivencia social, económica y política, solamente produce desorden y obliga a que otras instituciones arreglen o generen las condiciones de gobernabilidad. Cuando ello sucede, es claro que las instituciones están débiles o por lo menos, sus integrantes no tienen la visión y responsabilidad requerida.
Los comicios actualmente duran más de 1 año, tanto en lo federal como en lo local, por lo que en ese periodo, muchos casos o hechos que se presentan en la sociedad, por lo que, de ser el caso de que las instituciones responsables son débiles, la consecuencia es que dichos problemas se canalizan por conducto de los propios procedimientos electorales o aún más, por las propias autoridades electorales, ya sea administrativas o jurisdiccional, ya sean federales o locales, sin embargo, ello no es la mejor forma ni de resolver el problema, ni tampoco enfocar los trabajos en el proceso comicial. Ya que, en ambos casos, lo único que se produce, es la desnaturalización de cada función, y la materialización de la irresponsabilidad en los casos en las que las autoridades gubernamentales no cumplen con su tarea.
Esperemos que en el tiempo que queda de este proceso electoral, diversas demandas de grupos sociales se canalicen por las instancias que deben de resolver el asunto, pero, además, que se asuman las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos encargados de la función relativa al gobierno, en sus tres órdenes.
Acostumbrados a que la gobernabilidad empieza por el proceso electoral será bueno, si son problemas político-electorales los que deban resolverse, pero si los puntos son el cumplimiento de las obligaciones de las diversas autoridades ya sean estatales, municipales o federales, respecto a obligaciones que le corresponde, como generar condiciones para el desarrollo de las funciones electorales, y estas no se cumplen, el impacto negativo para el sistema político es claro.
