Los participantes aprobaron las etapas del proceso de certificación: inicial, de la
capacitación y de evaluación final.
Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2019. A fin de que los mecanismos alternativos de
solución de controversias sean cada vez más eficientes y eficaces, el Consejo del Poder
Judicial de Michoacán autorizó recientemente la certificación de 20 personas que
aprobaron las diferentes etapas para obtener el título de facilitadoras y facilitadores en el
sistema de justicia integral para adolescentes.
El proceso estuvo a cargo del Comité de certificación en sede judicial para facilitadores en
mecanismos alternativos de solución de controversias y abarcó las etapas inicial, con una
evaluación sobre habilidades, características de personalidad y competencias; de la
capacitación, donde comprobaron como mínimo 180 horas de formación teórica y práctica
que cursaron en los 3 años anteriores; y la etapa de evaluación final, con la aplicación de
un cuestionario escrito con distintas temáticas relacionadas con la certificación.
Concluidas las mencionadas etapas, los integrantes del Comité, Armando Pérez Gálvez,
consejero del Poder Judicial; María del Pilar Chávez Franco, responsable del Centro de
Justicia Alternativa y Restaurativa, región Morelia; así como Emmanuel Roa Ortiz, director
del Instituto de la Judicatura; hicieron entrega de los certificados a las y los facilitadores.
Durante la ceremonia, Chávez Franco argumentó que “la justicia integral para
adolescentes es un tema especialmente sensible porque se habla de personas que están
en desarrollo, sin embargo el trabajo con ellos es fácil en cuanto a poderlos rescatar y
llevarlos nuevamente al camino del respeto a la ley”.
La encargada del Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa, región Morelia, enfatizó
que el trabajo con adolescentes tiene completamente la intención de un enfoque
restaurativo del tejido social –al igual que los mecanismos alternativos de solución de
controversias en las diversas materias-, donde los acuerdos reparatorios finalmente
logran su objetivo.
Es importante señalar que las certificaciones tienen una vigencia de tres años y son
renovables, de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal y demás instrumentos aplicables.
