Toño García subrayó la falta de sustento con que se le pretendía imponer un juicio político al auditor superior de Michoacán
Si el Congreso hubiese promovido un juicio político en contra del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado, se le habría restado autoridad a los tribunales encargados de velar por la transparencia en la entidad, consideró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio García Conejo.
Ante las descalificaciones que se han desatado en contra de los diputados locales, al no haber promovido un juicio político en contra del auditor superior de Michoacán, el también candidato al Senado de la República por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) subrayó que, “el Congreso del Estado no puede convertirse en el gran jurado donde se ventilen las faltas administrativas de los funcionarios públicos”.
Aunado a que al Congreso no le compete validar la pulcritud del auditor superior de Michoacán, Toño García resaltó la falta de argumentos jurídicos con que el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) buscó comprobar las supuestas omisiones que José Luis López Salgado habría cometido en sus respectivas funciones.
Incluso, agregó que de haberse promovido el recurso antes mencionado a través de la LXXIII Legislatura del Congreso de Michoacán, los tribunales se habrían visto limitados a comprobar posibles irregularidades cometidas desde la Auditoría Superior de Michoacán.
Esto debido a que, ante la falta de sustento existente en las acusaciones emitidas en contra de José Luis López Salgado, éste se hubiese podido amparar con base en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.
Bajo este argumento, es importante mencionar que mientras no se compruebe una violación sistemática sobre los planes, programas y presupuestos de la entidad; el recurso promovido difícilmente podría proceder.
Sin demeritar la intención del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide), el abanderado del PRD al Senado de la República invitó a dicho organismo a comprobar sus acusaciones en contra del auditor superior, a través los tribunales correspondientes.
