El diputado Juan Carlos Barragán reconoció la decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que las comunidades ubicadas en asentamientos humanos irregulares también deben gozar del derecho humano al agua, obligando a las autoridades a garantizar al menos 50 litros diarios por persona.
Durante su visita a la SCJN, Barragán presenció la resolución que reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental, independientemente de la situación jurídica de los asentamientos donde habitan miles de familias en el país.
El legislador subrayó que este fallo obliga a los ayuntamientos y gobiernos locales de todo el país a garantizar el suministro mínimo de agua, colocando el derecho humano al agua por encima de cualquier condición administrativa o de regularización territorial.
“Esta resolución marca un precedente muy importante para el país, porque reconoce que el acceso al agua no puede depender de la condición administrativa de una colonia o comunidad. El agua es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo”, señaló Barragán.
El legislador también destacó las palabras de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien subrayó que el derecho humano al agua es un elemento decisivo para la vida de las personas, ya que constituye una condición necesaria para una vida digna y para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la vivienda y la alimentación.
Barragán afirmó que este criterio del máximo tribunal del país fortalece la agenda de derechos humanos y obliga a los gobiernos a colocar el acceso al agua como una prioridad de justicia social y de salud pública.
“Garantizar agua suficiente y segura es garantizar dignidad. Esta decisión de la Corte es un recordatorio de que ninguna familia puede quedar fuera de este derecho básico, sin importar dónde viva”, concluyó.
