Por:David Alejandro Delgado
Hace unos días la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist publicó la edición 2021 de su Índice de la Democracia, que permite comparar la calidad de la democracia de 167 países del mundo, lo cual realiza a través de un sistema de puntaje de 60 indicadores, que califican cinco categorías: Procesos electorales y pluralismo, Funcionamiento del gobierno, Participación política, Cultura política y Libertades civiles.
Es decir, el modelo deriva de una concepción maximalista de la democracia, donde la democracia es mucho más que la suma de sus instituciones, puesto que es crucial la cultura política democrática para su legitimidad, además de contar con garantías individuales de derechos humanos y derechos de las minorías, donde la participación es un necesario componente, ya que una democracia fuerte requiere la activa y libre participación de la ciudadanía en la vida pública.
Una parte de los indicadores se califica a través de la Encuesta Mundial de Valores, a la cual se suman otras encuestas, como el Eurobarómetro, Asiabarómetro, Latinobarómetro, Afrobarómetro, encuestas de Gallup y otras encuestas nacionales. Su metodología, aunque puede discutirse, es muy robusta. Por supuesto, una discusión tendría que basarse en sus elementos, mas no en las características del mensajero, ya que lo primero puede llegar a enriquecer la percepción, mientras que lo segundo termina en un callejón sin salida.
Ahora bien, con los puntajes generales en la escala del 0 al 10, que cada país obtiene, se clasifica el tipo de régimen: las democracias plenas tienen puntajes superiores a 8; las democracias defectuosas o débiles tienen puntajes mayores a 6 y menores o iguales a 8; en tanto que los regímenes híbridos tienen puntajes mayores a 4 y menores o iguales a 6; finalmente, los regímenes autoritarios tienen puntajes menores o iguales a 4.
Asimismo, el Índice de la Democracia de The Economist lleva ya 14 ediciones, que comenzaron con la valoración de 2007, seguida de la de 2008, sin que hubiera una edición de 2009, para reanudar en 2010 y que desde esa edición a la de 2021 no ha dejado de publicarse el índice que corresponde.
Todo lo anterior es relevante para compartir que en la edición 2021 México obtuvo un puntaje de 5.57, lo que lo ubica en un régimen híbrido y lo sitúa en el lugar 86 del mundo, cuando llegó a estar en el lugar 50 en 2010 y 2011, manteniéndose una tendencia de descenso prácticamente desde 2011, cuando tuvo el puntaje más elevado que se haya reportado en el Índice: 6.93; pero también hay que advertir que estamos frente a la caída más importante en todo lo que lleva el Índice de -0.5 entre 2020 y 2021.
Ahora bien, es importante indagar las calificaciones de las 5 categorías para entender cómo es que nos están valorando y hacer una profunda reflexión de las razones por las cuales nos han calificado de esa manera, que lanza una señal de alerta sobre nuestra democracia.
En primer lugar, México lleva una larga trayectoria de mala calificación en Cultura política. De hecho, en ninguna edición ha pasado de 5.0, ubicándonos desde 2018 en 3.13. En este tema estamos hablando del compromiso de la sociedad con los valores democráticos, específicamente son 7 los indicadores que lo califican. Los siguientes son conceptos que no generan puntos, si no existe un grado suficiente de consenso social y cohesión para sustentar una democracia estable y funcional; si más del 50% de la población prefiere un líder fuerte que pase por alto al parlamento y las elecciones; si más del 30% de la población preferiría el gobierno militar; si más del 70% de la población prefiere el gobierno de expertos o tecnócratas; si menos del 50% de la población no está de acuerdo en que las democracias no son buenas para mantener el orden público; si el apoyo popular a la democracia es menos del 75% y si no hay una fuerte tradición de separación Iglesia-Estado.
En segundo lugar, otro indicador que va de caída, desde un 7.14 que conservó desde 2008 hasta 2012 y que ahora se sitúa en 5.00, es el Funcionamiento del gobierno, donde hay 14 indicadores que dan puntajes. Entre ellos está si los representantes libremente elegidos determinan la política del gobierno; si el Legislativo es el órgano político supremo, con una clara supremacía sobre los poderes del Estado; si existe un sistema eficaz de frenos y contrapesos en el ejercicio de la autoridad gubernamental; si el gobierno está libre de influencias indebidas por parte de los militares o los servicios de seguridad; si las potencias y organizaciones extranjeras no determinan funciones o políticas gubernamentales importantes; si no ejercen algún poder político significativo grupos económicos, religiosos u otros poderosos en forma paralela a las instituciones democráticas; si existen mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la rendición de cuentas del gobierno ante el electorado entre elecciones; si la autoridad del gobierno se extiende por todo el territorio del país; si el funcionamiento del gobierno es abierto y transparente; si no está generalizada la corrupción; si el servicio civil está dispuesto y es capaz de implementar la política del gobierno; si más del 40% de la ciudadanía percibe tener libertad de elección y control sobre sus vidas; si más del 40% de la población tiene confianza en el gobierno, y si más del 40% de la población tiene confianza en los partidos políticos.
En tercer lugar tenemos una tercera categoría reprobada: las Libertades civiles, que van de una calificación de 8.82 que México obtuvo en 2008, a una de 5.59 en 2021.
Generan puntos indicadores como si hay libertad en los medios electrónicos; si hay libertad de prensa; si existe la libertad de expresión y protesta; si la cobertura de los medios es sólida con discusión abierta y libre de los asuntos públicos; si no hay restricciones políticas en el acceso a Internet; si tienen los ciudadanos libertad para formar organizaciones profesionales y sindicatos; si las instituciones brindan a los ciudadanos la oportunidad de solicitar al gobierno que repare sus agravios; si no es usada la tortura por parte del Estado; si el Poder Judicial es independiente de la influencia del gobierno; si hay tolerancia religiosa y libertad de expresión religiosa; si la ciudadanía es tratada por igual ante la ley; si los derechos de propiedad privada están protegidos y los negocios libres de influencias indebidas del gobierno; si no existe discriminación significativa y, finalmente, si el gobierno no invoca nuevos riesgos y amenazas como excusa para restringir libertades civiles.
En cuarto lugar tenemos una de las dos categorías que nos salva de pasar a un régimen autoritario: Procesos electorales y pluralismo, que ha tenido muy altas calificaciones, como 8.75 en 2007, 2010, 2011 y 2013; pero que ha descendido, con una calificación que reporta 2021 de 6.92. Aquí se valora si las elecciones municipales, a la legislatura nacional y a la cabeza de gobierno son libres y justas; si hay sufragio universal para todos los adultos; si la ciudadanía puede emitir su voto libre de amenazas significativas a su seguridad; si prevén las leyes oportunidades de campañas ampliamente significativas; si el proceso de financiamiento a los partidos es transparente y generalmente aceptado; si hay mecanismos constitucionales para el traspaso ordenado del poder de un gobierno a otro; si el acceso potencial a los cargos públicos está abierto a toda la ciudadanía y si se le permite a la ciudadanía formar organizaciones políticas y cívicas libres de interferencia y vigilancia del Estado.
En quinto y último lugar tenemos una calificación positiva en México en cuanto a Participación política, que ha ido en sentido contrario a las demás categorías, es decir, de pasar de un 5.00 en 2007 y 2008 a un 7.78 en 2020 y ahora ubicado en un 7.22. Aquí se pondera la participación de votantes para las elecciones nacionales; si tienen las minorías étnicas, religiosas y de otro tipo un grado razonable de autonomía y voz en el proceso político; si hay más del 20% de mujeres en el parlamento; si más del 60% de la ciudadanía tiene compromiso con la política; si la preparación de la población para participar en manifestaciones lícitas es superior al 40%; si la alfabetización de los adultos es mayor al 90%; si la población adulta que muestra interés y sigue la política en las noticias es superior al 50% y, finalmente, si las autoridades hacen un serio esfuerzo para promover la participación política.
Con estos indicadores, no hay duda de que la participación del INE y de los organismos públicos locales electorales, así como los tribunales electorales correspondientes, son anclas fundamentales para no caer en calificaciones menores que llevarán a México a un gobierno autoritario; representan las joyas de nuestra transición a la democracia, pero que ahora requieren de un mayor compromiso con la democracia de la clase política y también de la ciudadanía.
Estamos a tiempo de hacer una profunda reflexión de cómo hemos manejado nuestra democracia, pero esa reflexión debe ser al interior de cada ciudadana y ciudadano, así como de cada político y política, porque sin demócratas no hay democracia.
