100 servidoras y servidores públicos cursan un programa académico a distancia sobre
protección de datos personales
Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2020. Para realizar un adecuado tratamiento de
los datos personales de las y los usuarios en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial
de Michoacán, 100 servidoras y servidores públicos se encuentran cursando un programa
académico de educación a distancia sobre la Protección de Datos Personales.
Para la institución resulta imprescindible e insoslayable que en el personal se forme una
cultura protectora de los datos personales, que conozca de su importancia y de la
trascendencia de un apropiado tratamiento sin perjuicio del derecho a la información; por
ello, esta primera edición del curso se integra por dos etapas: la básica y una avanzada.
La primera parte ha concluido con un total de 56 horas de formación a distancia, donde
las y los participantes, durante 10 semanas, cursaron módulos como El derecho a la
privacidad, Evolución del derecho a la protección de los datos personales en México y
Aspectos relevantes de la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos
obligados del estado de Michoacán.
Actualmente se lleva a cabo el curso avanzado que constará de 60 horas académicas y
concluirá hasta el 12 de enero de 2021; éste incluye temáticas como Principios y deberes.
Revisión de casos; Sujetos responsables. Funciones y Atribuciones; Ciclo de vida de los
datos personales; así como Medidas de seguridad y sanciones.
Esta capacitación fortalece los mecanismos de apertura y rendición de cuentas en el Poder
Judicial de Michoacán, ya que es fundamental transparentar las actuaciones judiciales.
Como ejemplo, el apartado de versiones públicas de sentencias y resoluciones relevantes
de jueces y magistrados que actualmente se puede consultar en
www.poderjudicialmichoacan.gob.mx con un total de 2,754 documentos publicados
Asimismo, la institución se prepara para cumplir con la obligación de publicitar la totalidad
de las sentencias, por lo que ya se desarrolla un sistema que automatice las versiones
públicas y que, con ello, la ciudadanía conozca a detalle la forma en que se toman las
determinaciones judiciales.
