Por: Juan José Rosales Gallegos
Lo dicho por el presidente, Andrés Manuel López Obrador en la rueda de prensa del pasado 1 de marzo, levantó una oleada de indignación en todo el país y sorpresa en el resto del mundo. De forma confusa y extraviada, ya para finalizar su perorata, expresó su rechazo a la violencia de las marchas feministas; esto lo vinculó con las elecciones presidenciales del año 2006, “nos robaron la presidencia, no fue poca cosa”, reclamó. Luego, el presunto fraude electoral lo describió como el origen de las masacres y génesis de los cárteles que hoy operan en México, “estos grupos surgieron del gobierno que se impuso mediante el fraude” y, terminó defendiendo su política de abrazos y no balazos, “estoy convencido de que dará frutos. Lo que pasa, es que lleva tiempo”.
Omitiré el exabrupto de sugerir a una organización de asesinos y terrorista, (que obtiene el financiamiento necesario para estas actividades criminales del trasiego de drogas, secuestro y extorsión), cambiar de nombre para no perjudicar a una entidad de la federación. No es tema por ser una ofensa para las víctimas, la investidura presidencial y el pueblo de México.
La cruel impunidad de los asesinatos en San José de Gracia, fue el golpe que derriba la estrategia de seguridad implementada por el régimen de la cuarta transformación basada en ofrecer abrazos, tolerancia y comprensión a sicarios y narcotraficantes. «Lo sucedido en Michoacán hace unos días, el fusilamiento de 17 personas es un acto de terror en nuestro país. El gobierno minimiza los hechos, está normalizando la violencia. Los datos nos dicen que, cada 6 días en nuestro país hay un multihomicidio, muchos de ellos son masacres”, señaló el senador panista, Damián Zepeda.
El argumento de Zepeda fue secundado por Xochitl Gálvez. Lo que pasó en San José de Gracia, apuntó la senadora, «es para que todo el país estuviera alarmado. Es increíble que lo quieran minimizar diciendo, no están los cadáveres». El diputado federal Francisco Huacus, lamenta que los gobiernos federal y estatal, “se encuentren rebasados por la inseguridad y los grupos criminales que operan en Michoacán». También acusa de, «indolencia» al presidente López Obrador y al gobernador Alfredo Ramírez, «por minimizar los hechos en Marcos Castellanos».
Para el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, la descomposición nace del contubernio de Morena con los capos para controlar los procesos electorales: «No me cansaré de denunciar la alianza de la fuerza gobernante con el crimen organizado para ganar elecciones. Todo esto que estamos viendo en Zacatecas, Colima, Michoacán, Sinaloa, San Luis Potosí y otros estados de la república, no es más que el cobro de factura del crimen organizado. Están convencidos (los narcos) que ellos ganaron las elecciones y vienen a cobrar, vienen a hacerse dueños de territorios más vastos».
La reflexión más acertada sobre lo ocurrido, el señalamiento preciso de los errores y desasosiego presidencial vino desde el corazón de la llamada cuatroté. Germán Martínez, que fuera aliado de López Obrador define a México como, «un estado fallido» y al gobernador Ramírez lo acusa de «no gobernar nada». «A los gobiernos no se les elige para dar explicaciones o andar de arqueólogos buscando en el pasado», mencionó el senador michoacano, en una clara referencia a la obsesión presidencial con Felipe Calderón. Luego, a más de uno sorprendió citando al filósofo francés, Michel Faucault, “el gobierno es para hacer biopolítica”, y este régimen, prosiguió, «está haciendo narcopolítica y necropolítica».
Marcos Castellanos, de nuevo Michoacán, es el punto de quiebre de una estrategia errática para combatir la delincuencia en el país. Aquí se murió la oferta de ofrecer abrazos a los sicarios.