Extorsión, desafío para el gobierno de Michoacán

Por: Juan José Rosales Gallegos
Morelia, Michoacán 24 de agosto 2023.- La extorsión es violencia, intimidación, presión, amenazas que dirigen los criminales a gente de bien que con trabajo y esfuerzo solventa las necesidades de su familia y su negocio; la extorsión destruye los empleos y frena la economía, es un insulto que fractura el contrato social regido por lo que llamamos Estado de Derecho.
El miércoles 2 de agosto del presente año, los habitantes de Uruapan se quedaron sin tortillas, desde muy temprano más de 400 tortillerías no abrieron. Lo que sabemos hasta el momento es que desde el mes de junio dueños de los negocios y empleados comenzaron a recibir amenazas lanzadas por uno de los cárteles locales exigiendo “pago de piso”, y de no recibirlo, atentarían contra ellos, su negocio y sus familias.
La crisis estalló y se hizo visible la noche previa al miércoles. Vía WhatsApp los tortilleros recibieron una orden tajante del Cártel, no levantar las cortinas, no vender masa ni tortilla. Quién se atreviera a desafiar el mandato criminal, le queman el negocio o lo asesinan. Nadie abrió.
El gobierno del estado respondió con urgencia al desafío. Horas después se reunían en la Perla del Cupatitzio el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; el titular de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega y el presidente municipal, Ignacio Campos para definir la ruta a seguir. La decisión fue brindar las garantías de seguridad mínimas a los empresarios de la masa y la tortilla para reactivar la venta y, enfrentar con la ley en la mano a los delincuentes.
La reciente reforma al Código Penal del estado, impulsada por el titular del ejecutivo, señala que cualquier acto que pueda ser constitutivo de extorsión y signifique una afectación contra las actividades productivas del Estado, podrá ser denunciado directamente por el afectado o por cualquier persona gracias a la acción pública, incluso por los servidores públicos relacionados con dicho sector. El Ministerio Público tendrá que investigar de oficio hasta tener los elementos suficientes para que los culpables no queden impunes.
Con base en la disposición citada, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), con el respaldo y asesoría de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, que encabeza el Lic. Cesar Augusto Ocegueda, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, proporcionando todos los datos con los que cuenta para proteger a este sector económico y productivo y frenar el impuesto criminal, el “cobro de piso”.
Concesionarios y choferes del transporte público de Uruapan también fueron amenazados, recordemos la quema de taxis y el ataque a camiones. Por lo anterior el titular de la Comisión Coordinadora de Transporte del estado ya presentó la denuncia correspondiente. De igual forma, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), denunció ante la Fiscalía por el delito de amenazas y extorsión hacia productores de limón del Valle de Apatzingán.
Están ya en marcha los mecanismos legales plasmados en la reforma al Código Penal impulsada por el gobernador, para enfrentar y frenar la extorsión. Si hay resultados en corto plazo, será un hecho incontrovertible del fortalecimiento institucional del estado.