Morelia; Michoacán, 13 de septiembre de 2018.- En los tres años de ejercicio la LXXIII Legislatura se presentaron mil 13 iniciativas, mil 81 dictámenes, 419 propuestas de acuerdo, 686 acuerdos y 657 decretos, se realizaron un total de 111 de sesiones ordinarias, 19 extraordinarias y 24 solemnes, así como una sesión extraordinaria única; se atendieron 419 comunicaciones y 18 denuncias de juicio político, informó el diputado Roberto Carlos López, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, quien realizó la declaratoria de clausura del Tercer Año Legislativo.
En el tercer y último año de la legislatura se realizaron 34 sesiones ordinarias, nueve extraordinarias y siete solemnes; un total de 143 comunicaciones, 336 iniciativas, 440 dictámenes, 120 propuestas de acuerdo, nueve denuncias de juicio político, 252 acuerdos y 262 decretos.
El diputado Roberto Carlos López, al dar el informe de actividades del Poder Legislativo correspondiente al tercer y último año legislativo, señaló que en los tres años, se aprobaron 12 reformas a la Constitución Política del Estado teniendo como eje central el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Uno de los temas prioritarios para la LXXIII Legislatura fue el derecho a la educación, a la cultura, al trabajo y a la protección de la salud y al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El congresista destacó la prohibición de la reducción del presupuesto para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las acciones en paridad de género en las candidaturas a diputados locales e integrantes de los ayuntamientos.
En materia de derechos humanos, el legislador informó que se expidió la Ley para la atención y protección de las personas con espectro autista y diversas modificaciones se relacionaron con la atención a las personas con discapacidad respecto de las obras públicas, el sistema educativo, el acceso a la cultura y la protección de los infantes, en particular, en materia de adopciones; así como Ley de prospectiva y desarrollo de las Madres Jefas y Padres Jefes de Familia del Estado, se elimina la dispensa de la minoría de edad para contraer matrimonio y se incluyen el matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento del cambio de identidad de género y la inclusión del matrimonio igualitario.
En el mismo rubro, se expidió la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán, y las reformas a la Ley de Atención a Víctimas, que modifican la estructura de la Comisión Estatal y aseguran el acceso de las víctimas a recursos oportunos y suficientes para enfrentar el hecho que los dañó.
Roberto Carlos López, resaltó que la seguridad de los michoacanos fue un tema de especial atención para los legisladores, por lo que se reformó el Sistema Penal Acusatorio, puntualizando que las penas no podrán exceder de cincuenta años de castigo. Además, se modificó se fortaleció el Ministerio Público, mismo que ahora será encabezado por un Fiscal General, que sustituirá al Procurador General del Estado; para garantizar la autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión que la procuración de justicia requiere, se le ha separado del Poder Ejecutivo para convertirse en un Órgano Constitucional Autónomo y se incluyeron procedimientos que aseguran participación ciudadana y un control reforzado para su designación.
Se eliminó la figura del llamado “veto de bolsillo” que eventualmente podía ejercer el titular del Poder Ejecutivo, consistente en la omisión de la publicación de las leyes dictadas por este Congreso; ahora ante su negativa u omisión, esta soberanía podrá mandarlo publicar directamente.
Destacó que se expidió la nueva Ley de Deuda Pública, que se armoniza con la Ley de Disciplina Financiera y una docena de reformas a otros ordenamientos, el cual permite que las dependencias accedan con mayor facilidad a los recursos para obras y les elimina la posibilidad legal de las transferencias presupuestales entre partidas, respetando así los conceptos del presupuesto. Se reformó la ley de Patrimonio Estatal para regular las condiciones de enajenación, venta o comodato de los bienes públicos.
Se facultó al Tribunal de Justicia Administrativa para abrir sus procesos jurisdiccionales a los sistemas informáticos y permitir que todos los ciudadanos que se encuentren fuera de la capital del Estado, puedan acceder a la justicia sin necesidad de trasladarse.
Se realizaron reformas al Código Penal, en relación a los actos que en mayor medida enfrenta la ciudadanía como es el riego a perder su vida, su integridad o patrimonio, tales como el feminicidio y el homicidio calificado, la violación o abuso sexual en vehículos de servicio público, el tráfico de personas menores de edad, el acoso y el hostigamiento sexual, la discriminación o el robo con violencia, entre otros.
Finalmente, enfatizó el compromiso y acción legislativa realizada en torno al diseño, establecimiento y operación del Sistema Estatal Anticorrupción que atiende a una compleja y grave problemática social y que sin duda alguna, requería de importantes cambios en diversas materias.
