Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2017.- Como parte de las actividades del Poder Judicial de Michoacán para aportar a la sensibilización y reflexión del respeto a los
derechos humanos entre las y los servidores públicos de la institución, se presentó el
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos
de personas con discapacidad.
El evento académico, organizado de manera conjunta con la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), contó con la participación de María de los Ángeles Llanderal
Zaragoza, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Alberto Hernández
Ramírez, presidente del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la
Violencia en Michoacán; y, Luis Ventura de la Rosa, presidente de la Asociación Juvenil
Juntos por la Inclusión.
Llanderal Zaragoza comentó que la reforma constitucional de 2011 en materia de
derechos humanos establece que todas las autoridades deben respetar, promover,
proteger y garantizar el respeto de éstos, para todas las personas.
“El protocolo proporciona líneas a seguir para quienes imparten justicia para que se
reflejen en los procedimientos y sentencias; si bien no es de carácter obligatorio, sí es
vinculante y se debe cumplir con las normas nacionales y los tratados internacionales
de los que México forma parte”. En casos concretos es necesario que el Estado
establezca acciones afirmativas o de actuación especial para poner en igualdad de
condiciones a todas las personas, puntualizó.
“El reto es lograr el reconocimiento de la titularidad –tanto en lo material como en lo
formal- de los derechos humanos a las personas con discapacidad y, para ello, se
tienen que llevar a cabo acciones que modifiquen la condición de desventaja,
determinar tratamientos diferenciadores cuando así se requiera y garantizar la
accesibilidad al ejercicio de los derechos.
Hernández Ramírez expresó que uno de los grupos sociales más discriminados es el de
las personas con discapacidad “por ello se han creado herramientas legales que
permiten entender y atender el tema de la no discriminación.
Explicó que el derecho a la no discriminación es un derecho rector y que cuando se obstaculiza la posibilidad de ejercerlo, se incurre en un acto discriminatorio e
impide las condiciones de igualdad en el desarrollo social; “se debe seguir trabajando para que no existan barreras
