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El Economista incumple con sentencia de reinstalación y pago

 

Se prevé embargo de bienes e intervención de fuerza pública para garantizar cumplimiento de la ley en favor del periodista Luis Enrique López

El diario El Economista se no ha cumplido con la orden de reinstalación y pago de los salarios caídos a Luis Enrique López, quien fuera despedido de la dirección general, desacatando así la sentencia definitiva que dictó la Junta Especial Numero Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, que condenó al medio de comunicación a que así lo hiciera el día de ayer 8 de agosto del año en curso.

El mandato legal fue incumplido a pesar de que fue ordenado para su ejecución por un juez federal a la Junta y, avalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ésta la última instancia legal a la que se recurre para un caso laboral en México, la cual abogó en favor de López y rechazó el recurso de revisión interpuesto por El Economista, dejando el caso como concluido en cumplimiento del Laudo en firme, del 14 de septiembre de 2018, tuvo que haber ocurrido ayer.

López acudió ayer tal y como lo ordenó la Junta, acatando la instrucción del juez federal, en las oficinas en donde se edita el medio de comunicación, acompañado por actuarios comisionados por la autoridad, quienes se encargaron de levantar el acta en la que se consta la negativa de los demandados a cumplir la sentencia, la cual es definitiva e inapelable.

Luego de más de doce años de este proceso legal, se prevé que las autoridades ordenen en favor del demandante el embargo de bienes financieros, materiales e inmateriales de los demandados, para que cumplan con su adeudo; así como la incursión de la fuerza pública para garantizar la sentencia de reinstalación del demandante.

Posterior a haber sido despedido en febrero de 2010, el 30 de marzo de ese año el comunicador interpuso una demanda al patrón y las empresas responsables de la edición, publicación y distribución de El Economista, exigiendo la reinstalación en su puesto, así como el pago de los salarios caídos y prestaciones; externando que el motivo de la demanda se debió al despido injustificado y la violación a sus derechos laborales y de seguridad social.

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