Diputados locales, integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán ((ASM), denunciaron que la titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Vanessa López Carrillo, contrató -de manera unilateral- a 3 empresas para realizar la auditoría externa a la revisión que realizó el órgano fiscalizador a las cuentas públicas estatales 2020, 2021 y 2022, por un monto superior a los 16 millones de pesos.
En conferencia de prensa, recordaron que el pleno mandató a esta comisión para instruir a la UEC a realizar el proceso de contratación, pero mientras sus integrantes realizaban la revisión de los perfiles de algunas empresas, la titular de la Unidad hizo llegar a la presidencia de la mesa directiva del Congreso, copia de los contratos ya suscritos.
En consecuencia, la presidenta de la Comisión, Gloria Tapia Reyes realizó la denuncia pública de lo ocurrido.
“Queremos informar que la suscrita Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la ASM Mtra. Vanessa López Carrillo, actuó de manera Unilateral, toda vez que dicha Unidad forma parte de la estructura de la Comisión Inspectora y no cuenta la personalidad jurídica para contratar a nombre del Congreso del Estado, esto además de no tener la instrucción para realizar el proceso”.
De acuerdo al oficio turnado a la presidencia del Congreso, Vanessa López contrató de manera directa a Diseños y Estrategias Especializadas contra la Corrupción, S.A. de C.V., representada por Paola Martínez Rodríguez, para realizar las auditorías de cumplimiento y desempeño de 2020 y 2021.
También firmó contrato con Grupo KMC-Keller y Cía, S.C., representada por Víctor Keller Kaplanska, para las auditorías financieras 2021 y 2022, además del Despacho jurídico representado por Rafael Ortíz de la Torre, para llevar a cabo el acompañamiento jurídico hasta la conclusión de los procedimientos de fincamiento de responsabilidades a que haya lugar.
La diputada morenista, Seyra Anahí Alemán Sierra explicó que la titular de la Unidad debió haber realizado una licitación, un concurso o invitación restringida para presentar una terna de propuestas de empresas con las que podría concretarse el contrato, que debió firmarse a través de la Mesa Directiva, única representante legal del Congreso local.
Señaló que al firmar de manera personal, será la propia funcionaria la que deberá responder a la penalización por cerca de 3 millones de pesos que se establece en el contrato, mientras que la Comisión Inspectora está en proceso de integrar la denuncia que presentará ante la Contraloría interna del Congreso para que proceda en consecuencia.
“Se hará la observación correspondiente ante la Auditoría interna del Congreso que es a la que corresponde la responsabilidad de hacer esta investigación y se fincarán las responsabilidades; los contratos precisamente tienen algunas penalizaciones, pero como son firmados como persona física, ellos tendrán que pedirlo a quien firmó los contratos, se hizo de manera personal, aunque tengo no hay una representación jurídica validada y si el representante legal no firmó tendrá que hacerlo”.
Legisladores reconocieron que el 22 de junio se venció el plazo que les otorgó el pleno legislativo para definir a las empresas que realizarán las auditorías, pero señalaron que solicitaron 15 días más, por lo que están a tiempo para definir las bases de la convocatoria para la licitación pública nacional, por la que contemplan elegir a las empresas que realizarán la auditoría externa.
