Morelia, Michoacán, 10 de julio del 2019.- El Pleno de la LXXIV Legislatura local del Congreso del Estado aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal y a los integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para que promuevan una reforma estructural en materia de seguridad social, para la creación de un Sistema Universal de Pensiones que genere beneficios reales a las y los mexicanos, la cual fue presentada por el diputado Antonio Soto Sánchez.
En la máxima tribuna de Michoacán hizo mención que se requiere un sistema universal de pensiones en el país acorde a las necesidades actuales y que este se realice desde una perspectiva que considere a la seguridad social como un derecho más, que una prestación laboral y que desemboque en las reformas constitucionales y legales que se necesitan.
El diputado local integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado advirtió que nuestro país está por enfrentar una grave crisis, de la que poco se habla y a la que nuestro país no está preparado, la cual vulnerará a la población, al estar en crisis de las pensiones públicas.
“Desde poco antes de la mitad del siglo pasado, en nuestro país se fueron generando numerosos beneficios pensionarios a través de un sistema fragmentado y corporativizado, cuyas piedras angulares son el IMSS y el ISSSTE, con una característica esencial: acceder a una pensión solo es posible para aquellas personas empleadas en el sector formal de la economía, quedando fuera de este beneficio aquellos mexicanos que no cuentan con un patrón. Este modelo fue replicado por paraestatales como PEMEX, CFE; las Fuerzas Armadas a través del ISSSFAM; la Banca de Desarrollo; Gobiernos Estatales y las Universidades Públicas de los Estados”.
Antonio Soto recalcó que por desgracia la gran mayoría de estas obligaciones, fundamentalmente pensionarias, casi nunca quedaron debidamente fondeadas y esto se mantuvo a través del tiempo, a pesar de recurrentes crisis y múltiples negociaciones en las cuales quedaban sembrados más y más compromisos, sostuvo el diputado local integrante de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado.
El congresista local refirió que actualmente existen alrededor de 5 millones de pensionados de más de 108 sistemas públicos de pensiones, la mayoría son sistemas de reparto, técnicamente conocidos como de beneficios definidos, en los que las pensiones son financiadas por trabajadores y patrones en activo, construidas con base en la solidaridad intergeneracional.
No obstante añadió que muchos otros sistemas pensionarios carecen de fondeo y el costo de pagar pensiones se convierte en gasto corriente de la entidad pública de que se trate.
Expuso que el crecimiento del gasto en pensiones públicas, en lo que va del siglo, casi se ha cuadruplicado.
Paradójicamente la mayoría de los hoy pensionados solo hicieron aportaciones mínimas o ninguna para fondear sus pensiones.
Antonio Soto remarcó que en los sistemas fondeados la conformación de la pirámide demográfica y la escasa incorporación de jóvenes al empleo formal ha significado la disminución de cotizantes para financiar las pensiones de los que se van jubilando, en el caso de los sistemas no fondeados la situación es peor y cada día se destina más dinero del gasto corriente a pagar pensiones en detrimento de las funciones sustantivas de las entidades públicas y esto está tornando inviables tanto al sistema pensionario como a las instituciones de que se trate.
“La presión de las pensiones sobre las finanzas públicas es alarmante pues los pasivos actuariales representan ya más del 120 por ciento del PIB y ante todo este escenario es apremiante que se reforme de manera urgente los planes públicos de pensiones o muy pronto no habrá recursos para honrar las obligaciones. La presión está por explotar, si no se hace nada en menos de una década estaremos viviendo el incumplimiento en el pago de pensiones y una grave crisis social, económica y política”.
Tras la presentación de dicho propuesta de acuerdo, el Pleno de la LXXIV Legislatura local aprobó por mayoría el exhorto el cual será turnado al Congreso de la Unión, al Senado y al Ejecutivo Federal.
