Por: Juan José Rosales Gallegos
Morelia, Michoacán, 13 de diciembre 2021.- Mucha atención y empeño tendrá que poner Azucena Marín, secretaria de la Contraloría del estado, para evitar que los abusos y corrupción de algunos integrantes de la nueva administración Morenista manchen la gestión de su amigo y jefe Alfredo Ramírez. Tremendo paquete responder al compromiso de evitar los actos de deshonestidad al interior del gobierno que enarbola la bandera de la «austeridad republicana» y el combate al maligno neoliberalismo sátrapa.
Todavía no se cumplen tres meses del gobierno que encabeza Ramírez y las alarmas se encienden por algunas decisiones, muy cuestionables, tomadas en el Comité de Adquisiciones (CADPE) y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM). Azucena Marín, para honrar su compromiso, personal y profesional con el gobernador, deberá desplegar toda su experiencia (insisto), en vigilar los procesos de licitación, y verificar la honorabilidad e historia de las empresas que participan en los mismos. Por tal motivo, no será ocioso que se revise la Licitación Pública Estatal Electrónica Número CADPE-EMLPE-110/2021 para, Adquisición de Mobiliario, Bienes Informáticos, Mobiliario y Equipo Educacional y Otros Mobiliarios, solicitado por el IIFEEM.
El dictamen resolutivo, firmado por el actual director del CADPE, Alejandro Estrada Salinas, puede ser una de las primeras evidencias de procesos licitatorios amañados, de ser así, será mejor dar un manotazo en la mesa a tiempo antes de convertirse, por omisión, en cómplice de prácticas fraudulentas.
Según el dictamen, las dos propuestas beneficiadas, enviadas por el IIFEEM, son las empresas, De Lorenzo Of América Corp S.A de C.V y también, INDSAND S.A de C.V Ambas, «cumplen con los requisitos y las partidas que se ofertan», según el parte oficial. De Lorenzo Of América e INDSAND, fueron elegidos proveedores de equipamiento para la Universidad Tecnológica de Morelia, Universidad Politécnica de Uruapan y la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas. Para De Lorenzo el contrato es por más de 8 millones de pesos y, para INDSAND por un monto superior a los 6 millones 600 mil pesos.
El material que se deberá entregar a las instituciones educativas es variado: Drones, reguladores de voltaje, licencias de software, cámaras de video, pizarrones interactivos, impresoras, discos duros, computadoras personales, trituradoras de papel, pantallas multimedia. Equipo completo para un gimnasio que incluye, polainas, pelotas bobat, barras, escaleras, caminadoras, etc. Además, equipo especializado como, laser terapéutico, llenadora de líquidos, simulador maquetizado de semáforo inteligente y entrenador de electro-neumática.
Los que saben de estos temas, además de advertir de una licitación «a modo» para beneficiar ambas empresas, señalan evidentes inconsistencias en los precios de los productos seleccionados. En este punto la secretaria Marín y su equipo de la Contraloría, deberán usar el microscopio para desmenuzar todo el procedimiento licitatorio, pues están obligados a proteger la imagen y el proyecto de Alfredo Ramírez.
En la licitación se solicitan, 10 computadoras de escritorio Core 15 marca Dell modelo Vostro 3681 pantalla marca Dell modelo E2420HS. El precio comercial de cada aparato es de 20 mil 216 pesos; el costo que ofrecieron las empresas fue de 25 mil 388 pesos. Este no es el único indicio de chanchullo. Computadora personal para diseño marca Apple modelo MGPD3E/A; precio comercial aproximado de 34 mil 500 pesos. Las empresas lo venden en poco más de 52 mil pesos.
Los ejemplos siguen. Computadora personal para diseño marca Apple modelo MYDA2LA/A; precio comercial, 34 mil 500 pesos; el precio aceptado en la licitación fue de 45 mil 200 pesos. Computadora de escritorio Core 17 marca Dell modelo Vostro 3681 con pantalla marca Dell modelo EZ420HS con un precio comercial aproximado a los 22 mil pesos por unidad. Las empresas lo vendieron al estado en más de 40 mil pesos.
Así se repiten las inconsistencias (con visos de corrupción) solapadas por los directores del IIFEEM y del CADPE. El gobernador Alfredo Ramírez y su secretaria de la Contraloría, Azucena Marín, están muy a tiempo de enviar un mensaje contundente a todos los integrantes de esta bisoña administración sobre la probidad de la misma. Está en sus manos la decisión de tolerar o erradicas las prácticas opacas que siembran la duda sobre la honorabilidad del gobierno emanado de la llamada Cuarta Transformación.
