La Contraloría estatal ha interpuesto denuncias penales contra 11 exservidores públicos y 18 casos más están pendientes de procesar para enviarlos ante las instancias correspondientes.
Azucena Marín Ortega, titular de la dependencia fiscalizadora del gobierno michoacano, detalló que el pasado miércoles 16 de febrero se presentaron las primeras denuncia en materia penal derivadas de los primeros hallazgos por el manejo irregular del gasto público, por el orden de más de 5 mil millones de pesos.
Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, la Secretaría de Hacienda, UIF y la Subprocuraduría fiscal de investigación de la SHCP.
Son cuatro exfuncionarios públicos de la administración anterior los investigados, así como el representante de legal de una empresa privada y los que resulten responsables.
Los probables delitos cometidos en agravio del gobierno del estado son enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de la función pública, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita.
Sobre los hallazgos, Marín Ortega explicó que se firmaron contratos con una empresa que no contaban con la capacidad económica y jurídica para la prestación del servicio al momento de su contratación.
Además de que se realizaron adjudicaciones de inmuebles, pagados con cantidades excesivas, por encima del valor comercial por más de 652 millones de pesos.
La contralora dio a conocer también que otros 7 exfuncioanrios fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por delitos de ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado.
Agregó que se hallaron documentos alterados, documentos firmados a favor de servidores con recursos públicos extraordinarios a sus percepciones salariales, así como transferencias a empresas calificadas por Hacienda como irregulares.
Asimismo, adelantó que están pendientes de procesar otras 18 denuncias para presentarlas ante las instancias penales, y serían contra exfuncionarios de dos secretarías (de Comunicaciones y Obras Públicas) de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente.
