Con 17 votos a favor, 13 en contra y la abstención de la diputada Daniela de los Santos el pleno del Congreso de Michoacán declaró improcedente el juicio político presentado por el ciudadano José Alfredo Flores Vargas en contra del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
El ciudadano demandaba que Aureoles Conejo violentó la ley al intentar injerir en el proceso electoral, esto al declarar en varias ocasiones que buscaría echar atrás los resultados electorales en la elección para gobernador.
En el documento el ciudadano especifica todas las ocasiones en las que el ex gobernador michoacano acudió a diferentes instituciones, como el Senado o Palacio de Gobierno e incluso acudió al vecino país del norte para supuestamente presentar pruebas de irregularidades en la elección.
En el dictamen refiere que no se acredita la violación a la ley electoral por parte del ex gobernador para que se le pueda someter a un juicio político.
De acuerdo a los considerandos, se señala que para un juicio político se debe acreditar actos u omisiones a su encargo, así como el que se atente en contra de alguna institución.
Cabe señalar que para que se ejerza un juicio político el servidor público debe estar en funciones o en su caso un año después de dejar el cargo.
Así mismo con 18 votos a favor, 9 en contra y la abstención de la diputada Daniela de los Santos, también se declaró improcedente el juicio político presentado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a través de su representante David Ochoa Baldovinos por considerar que Aureoles tuvo injerencia en el proceso electoral y por distracción de caudales públicos.
En este caso se señala que el entonces titular del ejecutivo desvió recursos públicos en favor del ex candidato a la gubernatura Carlos Herrera Tello.
El tercer proceso fue presentado por el apoderado legal del rancho la nueva gloria, Roberto Raúl Saralegui Pérez, en contra del ex gobernador y de los ex funcionarios Carlos Maldonado Mendoza y Rubén Medina Niño, ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario respectivamente y contra quien resulte responsable.
De acuerdo al acusante señala que no se le otorgaron los pagos correspondientes del programa de mejoramiento genético y repoblamiento ganadero de ganado bovino, caprino y ovino, por un monto de 40 millones 800 mil pesos, donde cada productor recibiría de 3 mil a 25 mil pesos.
Sin embargo, este también fue desechado con 18 votos a favor del dictamen, 8 en contra y la abstención de la diputada priista Daniela de los Santos Torres.
Información: Mimorelia.com
