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Con apoyo del CJIM recuperé a mi hijo y renuncié a la violencia: testimonio de una víctima

Morelia, Michoacán, a 2 de junio de 2020.- A sus 19 años, Carmen ya vivió la pena, intranquilidad y dolor que la violencia de género conlleva. Además de los golpes físicos y emocionales, padeció la angustia de no poder ver a su bebé luego de que, con engaños, su expareja lo alejara de su lado.

De acuerdo con el testimonio de esta joven madre, la situación de vulnerabilidad comenzó cuando conoció al padre de su hijo, y luego de seis meses de noviazgo, decidieron vivir juntos. “A pesar de que yo estaba embarazada, él me golpeaba y me decía groserías, siempre me hablaba mal; así fue el tiempo que vivimos juntos, nos separábamos y nos volvíamos a juntar”, recordó.

Tras vivir durante meses en un ambiente sin respeto, en el que su vida y la de su bebé estaban pendientes de un hilo, Carmen decidió dejar a su agresor, y como ella cuenta “ahí fue donde comenzaron los problemas por la custodia de mi hijo. Yo dejaba que convivieran, pero a veces se lo llevaba por días y no dejaba que lo viera. Me daba mucho miedo que no me lo regresara, pero no sabía qué hacer, hasta que un día, ocurrió”.

De acuerdo con Carmen, el pasado 13 de mayo el papá del menor envió a un familiar para llevarse al niño, lo que motivó que se decidiera a pedir ayuda en diferentes instancias, pero fue hasta que solicitó apoyo en el Centro de Justicia Integral para Mujeres (CJIM), que profesionales la atendieron bajo el protocolo correspondiente, y la canalizaron para que a través la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia Familiar y de Género, por medio de su Unidad de Atención a Violencia Familiar, denunciara los hechos.

Una vez presentada la denuncia, y bajo la urgencia de la situación, el CJIM promovió ante el Juzgado Familiar la medida cautelar de la restitución del menor, la cual fue otorgada y cumplimentada mediante una orden de cateo, misma que dio como resultado la restitución del menor y la custodia temporal del mismo.

“Seguiré fortaleciéndome con la atención del CJIM”

Esta experiencia ha dejado en Carmen una oportunidad de sanar, y está dispuesta a continuar en ese camino, porque sabe, por propia experiencia e historias familiares, que la violencia de género destruye la vida de quien la padece.

“Tuve una prima que era maltratada por su esposo, y desgraciadamente, se quitó la vida. Fue algo muy doloroso para toda la familiar, y me queda claro que la violencia destruye a las mujeres”.

“Yo no quiero que me pase eso, por eso seguiré viniendo al CJIM, donde me apoyarán con sesiones psicológicas, y sé que me harán mucho bien. Tengo el objetivo de estudiar estilismo y poner mi propio negocio”, dijo la usuaria, quien recibirá los servicios integrales que ofrece el CJIM, como  trabajo social, talleres , ludoteca, entre otros.

Medidas cautelares, actuaciones emergentes para proteger a las mujeres víctimas de violencia

Para garantizar que las víctimas de violencia se alejen de ese estado de vulnerabilidad, del 18 de marzo a la fecha, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través del CJIM, ha solicitado ante los juzgados en materia familiar un total de 47 medidas cautelares, de las cuales 29 fueron órdenes de restricción; 9 fueron separación de personas agresoras del domicilio; 5 de guarda y custodia provisional; 2 de reingreso a domicilio; una restitución de menores y una entrega de bienes a una usuaria.

De acuerdo con el artículo 842 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, las medidas cautelares son los trámites, diligencias y gestiones que se practiquen antes o durante la sustanciación de algún procedimiento familiar, están encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio.

Es importante destacar que siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, éste deberá decretar ciertas medidas, entre ellas las cautelares, y las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de las y los agraviados.

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