A partir de este domingo 15 de enero, entran en vigor las modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, con las cuales queda prohibido exhibir las cajetillas de cigarros en los mostradores de tiendas y otros puntos de venta.
La venta de cigarros o productos de tabaco seguirá siendo permitida pero ya no se podrán mostrar al público.
A este decreto se le suma la prohibición de fumar en centros de trabajo, transporte público, escuelas, sedes de espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares donde hay niñas, niños y adolescentes.
Todo esto con el fin de asegurar la mayor protección de la salud de las personas y privilegiar el interés superior de la niñez, mediante la aplicación de medidas que permiten la reducción de la demanda del tabaco y la nicotina.
De acuerdo a la Confederación Patronal de la República, la medida afectará a 85 mil tiendas de abarrotes tan solo en la capital mexicana, para las que hasta el 25 % de sus ventas dependen del tabaco.
Este tipo de políticas prohibicionistas atentan contra la libertad comercial, la independencia de los consumidores a decidir, golpea a la industria y perjudica los empleos de los trabajadores y la capacidad del Estado de generar recursos vía impuestos para generar políticas públicas de bienestar», expuso la organización.
Además, aseguró, la modificación del reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco viola la Constitución mexicana y da la impresión de que se trate de un producto ilegal, lo que fomentará el comercio irregular, según su perspectiva.
UNA PROHIBICIÓN CUESTIONADA
A lo largo de esta semana también se pronunciaron otras organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), entre otras.
Estas denunciaron en un posicionamiento conjunto que el nuevo reglamento es «ilegal» e «infundado», sin «fundamento jurídico» ni sanitario y que no conseguirá su objetivo de evitar el consumo de tabaco.
La reforma legal tampoco se adhirió, dijeron, a los procesos establecidos, pues la Secretaría de Salud excedió sus facultades al asumir funciones de legislador y sentaría un precedente, pues nunca antes se había ocultado un producto legal para su venta.
El sector productivo teme que, de hacer efectiva esta medida, fácilmente podría replicarse en otros tipos de productos o industrias», subrayaron.
Además, remarcaron que la venta de cigarros promueve más del 15 % de las ventas mensuales de las más de 6.000 tiendas registradas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), que generan más de 2 millones de empleos, sostienen a más de 5 millones de personas y abastecen el 52 % de la demanda nacional. Todos los organismos, sin embargo, compartieron la necesidad de promover acciones para proteger la salud e impulsar políticas públicas para prevenir el consumo de tabaco.
