Morelia, Michoacán; 21 de junio de 2020. La Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán se suma al pronunciamiento de la
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
(FMOPDH) para que las autoridades federales reconozcan el papel que
desempeñan el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que lejos de desaparecerlas se
fortalezcan.
El encargado de Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, comparte que
la discriminación es un obstáculo que no permite avanzar en el ejercicio
efectivo de los derechos humanos y ha sido a través del trabajo y compromiso
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) como se
ha logrado visibilizar a las poblaciones que se encuentran en un contexto de
mayor vulnerabilidad.
Para esta CEDH organismos como el CONAPRED y la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), nacieron de una ardua lucha social para brindar
acompañamiento a las personas que más lo necesitan; siendo además
promotoras de políticas y acciones que fortalecen los derechos humanos.
A continuación el pronunciamiento completo:
México enfrenta una multitud de desafíos en materia de Derechos Humanos y
de seguridad, mismos que se han visto o verán agravados como resultado de
la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, es necesario
reconocer que existen causas estructurales de esta situación, así como
obstáculos claros que no permiten avanzar en el pleno ejercicio de los
derechos humanos, entre ellas, se encuentra la discriminación, entendida como
la acción concreta de negar ese principio básico de igualdad, gracias al cual se
establece que todas las personas deben tener los mismos derechos y también
las mismas posibilidades de desarrollo.
Ante este fenómeno de la discriminación en el país, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación crea en 2003, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), quien a partir de ese momento ha
realizado un importante trabajo de visibilización de las poblaciones en mayor
contexto de vulnerabilidad y promoviendo diferentes iniciativas para su
atención, así como una labor fundamental en la atención de estas poblaciones,
quienes, en muchos casos, como por ejemplo las personas trabajadoras
domésticas, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, o las
personas migrantes y sujetas de protección internacional, no habían
encontrado eco en sus necesidades y mucho menos en sus demandas y
propuestas.
A 10 años de la creación del CONAPRED, y en situación similar, encontramos
a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), conformada a raíz de
la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, y ambas producto de
una fuerte lucha por parte de las víctimas, sus familiares y organizaciones de la
sociedad civil por la creación de una política nacional de atención y
acompañamiento en la materia.
La importancia de la CEAV reside en su papel como órgano que pone en el
centro de su trabajo a las víctimas, procurando su cuidado desde la reparación
integral del daño, atendiendo así aspectos médicos, psicológicos y sociales, y
no solo la reparación monetaria. Además, de su fundamental trabajo en la
búsqueda de garantías de no repetición, acceso a la verdad y proporcionalidad.
Ambas instituciones, han nacido por y para las personas, por y para esos
grupos poblaciones que han sido víctimas históricas de violaciones a derechos
humanos, por lo que su trabajo ha permitido contar con información de primera
mano sobre las causas estructurales de la violencia y de la violación a los
derechos humanos, su cercanía con la gente y su conocimiento sobre los
factores que las colocan en mayor contexto de vulnerabilidad, les han permitido
ser articuladoras y facilitadoras del diálogo entre las autoridades y la sociedad,
así como promotoras de diversas políticas y acciones que fortalecen el enfoque
de derechos humanos en los marcos normativos, políticas públicos y sobre
todo en la práctica diaria.
Como muestras de las capacidades de diálogo y articulación del CONAPRED,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el valor del
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el CONAPRED firmado en 2018, con el cual se
realizó un importante intercambio de información en relación con el
cumplimiento de las obligaciones internacionales del país en su lucha contra la
discriminación. Así mismo, el Sistema de Naciones Unidas en México
considera como una relación fructífera y de impacto positivo en las poblaciones
las vulnerables del país la relación que se ha establecido conjuntamente
instituciones como la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas en México, ACNUR y UNESCO.
Instituciones como el CONAPRED y la CEAV han constituido un apoyo muy
importante en la obligación de protección de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos que el Estado debe garantizar, impulsando y acompañando la
creación de marcos normativos estatales y la creación de instituciones símil,
logrando que 18 estados cuenten con una instancia especializada de atención
a la discriminación y que 23 cuenten con Comisiones Ejecutivas Estatales de
Atención a Víctimas.
La Reforma en materia de derechos humanos realizada en 2011 ha buscado
fortalecer esta protección, y ha dado mayor pauta para que la defensa de los
derechos de las personas no se realice únicamente a través de los medios
jurisdiccionales, en los cuales muchas veces las víctimas pueden sentirse más
expuestas y vulnerables por el desconocimiento del marco jurídico, así como
por los altos índices de corrupción e impunidad que, desafortunadamente,
también predominan en este.
Instituciones como CONAPRED, CEAV y sus pares a nivel local, han cumplido
con una invaluable labor de difusión, capacitación y protección de los derechos
humanos a lo largo de todo el país, así como brindando orientación y
protección en aquellos casos en que se presume existe una violación a estos
derechos por parte de las autoridades o de las y los servidores públicos.
De igual manera, estas instituciones, de la mano de las propias víctimas, sus
familiares y de la sociedad civil, han sido un medio efectivo para lograr la
justiciabilidad de los derechos, al tener como fin último, la protección de las
personas frente a las acciones u omisiones del Estado.
Bajo este contexto, el combate a la pobreza y la lucha por un México más
igualitario solo puede ser alcanzando mediante una línea de trabajo conjunto,
un trabajo interinstitucional pero también intersectorial, dando voz y
acompañamiento a las víctimas.
Lograr una efectiva interiorización de los derechos humanos, como se lo ha
planteado esta administración, solo será posible si las instituciones
gubernamentales de todos los niveles de gobierno son efectivas y cuentan con
el apoyo para su actuar diario. Para ello, es indispensable el fortalecimiento de
instituciones como CONAPRED, CEAV y las 41 instituciones estatales que
atienden estos temas, así como tomar en cuenta las lecciones aprendidas y las
propuestas que éstas y otras instituciones han realizado a lo largo de varias
décadas, reconociendo su trabajo y valiosa experiencia.
En se sentido, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos expresa su reconocimiento y agradecimiento a CONAPRED y CEAV
por el trabajo conjunto que a lo largo de sus años de existencia han realizado
con ella, así como con las y los organismos públicos de derechos humanos que
la conformamos.
Instamos a las autoridades a reconocer la importancia del CONAPRED, la
CEAV y las instancias del ámbito estatal en materia de discriminación y
atención a víctimas, como instituciones clave en la lucha por los derechos
humanos y en el trabajo por alcanzar una sociedad más igualitaria, pacífica y
con una vida digna, así como la responsabilidad compartida que el gobierno y la sociedad tienen por seguirlas fortaleciendo y emprender un trabajo articulado
que permita unir esfuerzos y robustecer las capacidades para enfrentar los
retos que la agenda de derechos humanos plantea en nuestro país.
