El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) contra el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), por graves omisiones en la calidad del agua distribuida a la población y por verter aguas negras sin tratamiento en los ríos urbanos.
Barragán denunció que el agua que llega a miles de hogares morelianos no cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, lo que significa que podría contener bacterias, metales pesados, pesticidas u otros contaminantes peligrosos para la salud.
“El agua que distribuye el OOAPAS no es potable, no es segura y no es digna. No podemos permitir que sigan jugando con la salud de nuestra gente. El derecho al agua es constitucional, y hoy se está violando todos los días en Morelia”, afirmó el legislador.
También explicó que las denuncias ciudadanas recopiladas por su equipo, así como visitas técnicas a colonias populares, revelan que el agua no solo llega de forma intermitente, sino con color, olor y sabor desagradables, lo que obliga a muchas familias a gastar de más en garrafones, purificadoras o pipas, mientras el organismo cobra tarifas como si ofreciera un servicio de primer nivel.
Aunado a esto, Barragán acusó al OOAPAS de verter aguas residuales sin tratamiento adecuado al Río Chiquito, al Río Grande y a la presa de Cointzio, lo que constituye un delito ambiental conforme a:
– La Ley de Aguas Nacionales,
– La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
– La NOM-001-SEMARNAT-2021 (descargas a cuerpos de agua), y
– La NOM-002-SEMARNAT-1996 (descargas a redes de alcantarillado).
“El agua sucia que tira el OOAPAS no solo contamina nuestros ríos y manantiales, también pone en peligro a zonas habitacionales, escuelas y parques. Ya basta de negligencia disfrazada de administración”, mencionó.
Frente a esta situación, Juan Carlos Barragán solicitó formalmente a la PROFEPA:
– Iniciar una inspección federal inmediata en el OOAPAS,
– Realizar verificaciones de calidad del agua colonia por colonia,
– Aplicar sanciones administrativas, clausuras o denuncias penales, de ser procedente, contra funcionarios responsables.
Además, ofreció aportar evidencia técnica, testimonios ciudadanos, dictámenes y acompañamiento institucional a las medidas que emprendan las autoridades federales.
