- La institución refrenda su compromiso de trabajar en apego a lo establecido en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el objetivo evitar que se violenten los derechos humanos
Personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, encabezados por su titular, Rosario Berber Cerda, y acompañados del Fiscal Especializado para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Félix López Rosales, realizó un recorrido en las áreas de internamiento de la Fiscalía Regional de Morelia, con el objetivo de verificar las condiciones y necesidades de dichas áreas, y emprender acciones para su mejoramiento.
Lo anterior, en atención a los pronunciamientos emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a su informe, sobre los lugares de privación de la libertad que dependen de la Fiscalía General de la República, Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados, y de la Ciudad de México.
Como parte de esta actividad, la institución que encabeza el Fiscal General, Adrián López Solís, llevará a cabo recorridos por las distintas áreas de internamiento que se encuentran en las 10 Fiscalías Regionales de la entidad, a fin de garantizar que las personas que se encuentran privadas de su libertad, sean ingresadas en lugares dignos para evitar cualquier violación a sus derechos humanos.
En el recorrido se contó con la presencia del Coordinador General de la Policía de Investigación, Julio Meza Gaona; el titular de la Unidad de Control de Internamiento, Juan José Tinajero Rico; la Directora de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Marcela Verónica Chávez Hernández y la Subdirectora de control de recomendaciones, Ana Fernanda López Catalán.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, y entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad; promover el respeto de la legalidad; impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna; y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos en lugares de detención.