Con la complicidad autoridades municipales, estatales y federales que operaron en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, los Zetas cometieron crímenes atroces e hicieron negocios en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como arreglos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lo anterior se desprende de informe “Control sobre todo el estado de Coahuila”, presentado por investigadores de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en el que se alerta que el gobierno de Estados Unidos posee una amplia veta de información sobre violaciones a derechos humanos cometidos por el cártel.
En la presentación del informe, Ariel Dulitzky director de la Clínica y expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, destacó que una revisión de tres juicios que se siguen en cortes de Estados Unidos a miembros de los Zetas, revela información sobre ejecuciones y desapariciones de personas, que podrían ser compartidas para ser investigadas por el gobierno mexicano.
Acompañado por las investigadoras Sarah Gohary y Moravia de la O, los integrantes de la Clínica de Derechos Humanos informaron que durante un año y medio revisaron 24 testimonios dentro de los juicios de Austin, seguido contra el empresario Francisco Colorado Cessa y otras cuatro personas; el de San Antonio, contra Marciano Millán Vázquez, un comandante de los Zetas; y el Del Río, contra José Eliud Lugo López y Emilio Villalobos Alcalá.
Los investigadores de la Clínica advirtieron que los juicios están primordialmente enfocados en cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, por lo que “los abusos a los derechos humanos y la complicidad del gobierno del estado fueron tangenciales para los fiscales” de Austin; los testigos en el juzgado de San Antonio “ofrecieron más detalles respecto a abusos de derechos humanos, pero en segundo término”, y en el tercer juicio, es posible tener idea de la forma en que operaban las desapariciones y la complicidad con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Pese a que las violaciones a derechos humanos no fueron tema de investigación para los fiscales estadunidenses, esas declaraciones fueron suficientes para que los investigadores de la Clínica de Derechos Humanos consideraran que “el cártel de Los Zetas cometió numerosas violaciones a derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieron involucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”.
Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.
El documento resalta las declaraciones sobre presuntas entregas de millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, a su hermano Rubén Moreira, alcaldes, policías municipales, estatales y federales, militares, agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.
Los testimonios también confirman versiones sobre las presuntas implicaciones de otros dos gobernadores, Fidel Herrera y Javier Duarte; el primero es señalado de haber recibido sumas millonarias para financiar su campaña a gobernador y el segundo, por haber facilitado una propiedad para ejecutar a una contadora.
Un primer borrador de la investigación, fue publicada en Proceso en su edición 2123, en el contexto de la entrega de ese documento a la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de una comunicación a esa instancia internacional titulado “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, presentado por el Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Familias Unidas en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo de al menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de organismos civiles de Derechos Humanos todos los derechos para Todas y Todos (Red TDT).
El documento revela “de manera genérica”, complicidades de los Zetas con autoridades municipales, estatales y federales, para cometer crímenes atroces como para hacer negocios en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como arreglos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque sin que los testigos de nombres específicos.
“Próximamente estaremos en posibilidad de dar una lista de las empresas que los testigos mencionan como aquellas dedicadas a lavar el dinero”, anunció Dulitzky, quien a su vez se comprometió a explorar cuáles serían los mecanismos para que familias de desaparecidos y autoridades mexicanas obtengan información sobre sitios donde podrían estar restos de víctimas.
“En uno de los juicios se desprende que los fiscales de Estados Unidos informaron sobre domicilios claves, pero las respuestas que tuvieron fue que no existían los domicilios y que el área era muy peligrosa para enviar a agentes de la PGR; por eso es importante investigar con precisión cuáles serían los mecanismos efectivos no sólo para que el gobierno de Estados Unidos proporcione información, sino para que una vez que la dé el gobierno mexicano, la tome en cuenta y realice las investigaciones”, apuntó el director de la Clínica de Derechos Humanos.
Y es que los testimonios contenidos en los procesos judiciales son relevantes no sólo porque señalan de manera la incuestionable responsabilidad de Los Zetas en las masacres de Allende y Piedras Negras en la primavera de 2011, sino que marcan que en docenas de casos el patrón de los homicidios fue el descuartizamiento y la ‘cocina’.
“Los Zetas secuestraban, desaparecían, amenazaban y reclutaban forzadamente a mucha gente en Coahuila y en los estados vecinos. Su razonamiento era mantener el control, mostrar fuerza o represalias, castigar a quien perdiera drogas, y para crecer en números y territorio”, se lee.
Sin embargo, “el Estado también tiene un grado de culpa en las violaciones a derechos humanos cometidas. (…) La Clínica estima que la información presentada complementa la evidencia existente y ayudará con más esfuerzos para demostrar el grado y tipo de violencia practicada por Los Zetas y el Estado”.
Para las investigadoras, las declaraciones en las cortes de Texas también revelan “profundas conexiones sistemáticas y a veces el control que Los Zetas tenían sobre el aparato de justica y los oficiales en línea ascendente del gobierno del estado”.
Las implicaciones evidenciadas van desde la operación directa contra miembros de cárteles rivales, la asignación de contratos a las empresas de Los Zetas, así como las omisiones de funcionarios del estado y de las fuerzas de seguridad, que permitieron la perpetración de abusos contra habitantes de Coahuila y otros estados.
El informe de la Clínica resalta que los testigos en los juicios en Texas, confirmaron que el control del cártel penetró entre los jefes de las policías municipales, entre procuradores estatales y federales, centros penitenciarios, así como sectores de la Policía Federal y el Ejército, así como que a la única entidad a la que temían era a la Marina.
Al señalar que el proyecto inicial de la Clínica en colaboración con el Centro Fray Juan de Larios, era “buscar entre los testimonios información que permitiera esclarecer algunas de las desapariciones ocurridas en Coahuila”, Ariel Dulitzky apuntó que al menos de esa revisión es posible advertir que “tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y a los graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en esa entidad, y en el peor de los casos, participó directamente en cometer estos abusos”.
Dulitzky resaltó que también se pude identificar que “contrario a la narrativa del Estado mexicano de que todas las víctimas de desaparición o de homicidios estaban involucrados con el crimen organizado, lo que se ve es que muchas de las víctimas no tenían ninguna relación con los Zetas, y que muchos de los crímenes se cometieron con el afán de aterrorizar a la población y tener el control del territorio”.
Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, destacó que desde que se presentó el primer borrador en julio pasado ante la CPI, “se le ha ido alimentando de información a la fiscalía, con la idea de que se abra un expediente sobre México; lo mismo ha sucedido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en tanto que con el Estado mexicano nos hemos topado con pared, no ha habido respuesta”.
El reporte de la Clínica de Derechos Humanos, también fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña.
