A pesar de las protestas de activistas y los llamados de instituciones defensoras de los derechos humanos, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la Ley de Seguridad Interior, iniciativa que regula el actuar del Ejército en las calles, y dio “la bienvenida” al eventual análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para definir la constitucionalidad de la norma.
Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, diputados de las bancadas del PAN, PRD, Morena y MC en San Lázaro anunciaron el inicio de una estrategia para presentar la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la Ley, propuesta a la que se sumó el PT. A partir de hoy, la oposición de la Cámara baja tiene 30 días naturales para reunir el apoyo de 33% de los integrantes para promover el recurso legal.
En el mismo tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que promoverá la inconstitucionalidad de la recién aprobada ley cuya promulgación, de acuerdo con el presidente del organismo, Raúl González Pérez, fue apresurada.
Tras la promulgación, Peña Nieto aclaró que no emitirá ninguna “declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de la misma hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”. Agregó, durante la reunión 43 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que lo anterior “no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.
El Presidente puntualizó que la Ley de Seguridad Interior permite “tomar conciencia” de la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan su capacidad en materia de seguridad para proteger a la población de la amenaza de la criminalidad.
Esta ley “recuerda la necesidad” de definir si se debe seguir el esquema de tener más de mil 800 corporaciones de policías municipales o en su lugar “construir” 32 policías estatales, como propuso hace tres años al Congreso, apuntó el Mandatario.
