Staff Frecuencia Informativa Libre
El 30 de septiembre de 2021 debe ser recordado como el día en que se institucionalizó y legalizó en México la intervención del Crimen Organizado, de los Cárteles en los procesos electorales. A partir de esta fecha la operación de los criminales en las elecciones es tolerada por las autoridades.
No son conjeturas, especulación o un punto de vista irresponsable, lo que presento forma parte de las 315 páginas de la Sentencia Aprobada en Sesión Pública el 30 de septiembre de 2021 por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los expedientes SUP-JRC-166/2021, SUP-JRC 167/2021 Y SUP-JRC-180/2021 ACUMULADOS, que contiene el documento citado, es un compendio donde Magistradas y Magistrados reconocen la intervención del Crimen Organizado en la elección a gobernador celebrada el 6 de junio de 2021 en Michoacán.
A pesar de que “las irregularidades sustanciales y determinantes, se sustentan en la premisa consistente en que se encuentran acreditadas plenamente tales irregularidades” (interferencia de grupos criminales que alteraron el resultado), consideraron, “la dificultad probatoria derivada del alto riesgo para las personas representantes de partido y los promoventes para presentar pruebas o denuncias sobre los hechos, por el temor a represalias del crimen organizado”. La cobardía de las Magistradas y Magistrados se puede traducir de la siguiente manera: Sí existe, sí lo vimos, si se probó, pero ¿cómo le hacemos?.
Desde la página 80 hasta la 98 se expone un recuento de notas periodísticas locales, nacionales e internacionales que dan cuenta de los hechos de violencia y la narco presencia en la entidad durante todo el proceso electoral. 62 testimonios (notas) contenidos en el expediente.
En la página 132 se expresa claramente: “… esta Sala Superior considera que existen elementos contextuales suficientes para considerar que en el estado de Michoacán durante el proceso electoral se presentaron diferentes hechos y señalamientos de violencia atribuibles a personas presuntamente pertenecientes al crimen organizado en las elecciones”.
Página 134: … consta en el informe de la Secretaria Ejecutiva en la cual se confirma que en la sección 1809 básica de la localidad de Iramuco, del municipio de Salvador Escalante, “efectivamente unos sujetos se llevaron al Presidente de la mesa directiva de casilla, quien tenía el paquete electoral con las boletas correspondientes de cada una de las elecciones y posteriormente lo regresaron pero ya con las boletas electorales marcadas. Efectivamente nosotros tenemos el reporte de que estaban marcadas por el Partido Morena”.
Página 136: … el representante del Partido Verde Ecologista de México cuando señala que tiene reportes de su Partido, sobre el tema del municipio de Gabriel Zamora, “ahí también me dicen que hay gente armada en las casillas. Entonces sí, sí es preocupante que esté sucediendo esto, hay que ver qué se puede hacer, si la autoridad correspondiente puede revisar, pero me dicen que en todas las casillas hay gente armada y que no están permitiendo llevar de manera libre la votación.” Lo que es también reiterado por el representante del Partido de la Revolución Democrática cuando señala que le están reportando también de Gabriel Zamora, que gente armada se llevó de las casillas el material electoral de las secciones 467, 468, 469, 477 y 478, y que en la sección 477 gente armada les habría quitado los teléfonos celulares a funcionarios de casilla y se habría apoderado de ciento sesenta boletas electorales para ingresarlas a las urnas ya marcadas con el Partido Morena…
En el año 2021 en México y Michoacán ocurrió un fenómeno indescriptible, las elecciones se celebraron, “en un contexto de violencia criminal”, reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe Preliminar entregado por la Misión de Visitantes Extranjeros: “las elecciones federales y locales de 2021 en México se celebraron en un contexto de violencia criminal y violencia política que excede al proceso electoral”.
A pesar de la evidencia periodística mostró que hubo presiones, amenazas, violencia, robo de urnas, alteración de boletas, entre otras ilegalidades en todo el territorio michoacano, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF circunscribió su veredicto a cuatro municipios.
Página 150. En esos términos, se tiene como hechos probados:
a) La Huacana. Delincuentes obligaron a los ciudadanos a votar presuntamente a favor del candidato de Morena, así como a votar públicamente en las casillas 2668 B y 579 B (Tierra Verde y el Lindero).
b) Múgica. Se desalojó a representantes partidistas de diferentes casillas del municipio distintos a los de Morena.
c) Gabriel Zamora. Civiles armados tomaron las boletas de las casillas 467, 468, 469, 477, 478, las marcaron supuestamente “a favor del partido guinda” y volvieron a depositarlas en las urnas.
d) Nuevo Urecho. Bloqueo, incluso dentro de la propia autopista que afecto el normal desarrollo de la jornada electoral.
Lo anterior de confirma en la Valoración Conjunta de las Irregularidades Acreditadas que aparecen en la página 281:
Con base en el análisis de los planteamientos fácticos expresados por las partes y de las consideraciones jurídicas precedentes, esta Sala Superior tiene por acreditado: a) Que, en diversas secciones de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho se presentaron hechos de violencia e incidencia de personas armadas o señaladas como parte del crimen organizado.
A pesar de lo anterior, Magistradas y Magistrados resolvieron por UNANIMIDAD, confirmar, “la Declaratoria de Legalidad y Validez de la Elección de la gubernatura de Michoacán emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la expedición de la constancia respectiva”. Reconocer como “triunfador” de la narcoelección al candidato de la Coalición, “Juntos Haremos Historia en Michoacán” (Morena-PT), Alfredo Ramírez Bedolla.
El 30 de septiembre de 2021 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó el vergonzoso precedente en la historia de México de tolerancia a la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales; dieron su aval para que los fusiles fueran introducidos en las urnas suplantando la voluntad de los ciudadanos.
