Por Arturo Ismael Ibarra Dávalos.
El sistema de impartición de justicia laboral en México corre el riesgo de colapsar ante la llegada de demandas por despidos que se están dando durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, y por tanto tiempo que la impartición de justicia laboral se detuvo.
La reforma laboral es un paso hacia adelante en cuanto a mejorar la impartición de justicia. Sin embargo, preocupa que al no tomarse las medidas específicas de mitigación de pérdida de empleos por efecto de la pandemia, el nuevo sistema tenga problema para arrancar funciones.
Lo que vamos a tener es un sistema que está arrancando y que ya estaba saturado, y que simplemente va a colapsar por la cantidad de demandas laborales.
El sistema está conformado por las juntas de conciliación y arbitraje y los nuevos tribunales que iniciaron operaciones en 10 estados en octubre del año próximo pasado.
Un sistema que ya venía con dificultades y problemas, y con la cantidad de demandas laborales que se están dando, en un sistema que apenas arranca en su nueva versión, indudablemente que habrá sobresaturación ya a niveles exponenciales en el sistema.
Desgraciadamente no existe un consenso de preservar empleos y conservar ingresos, eso es lo que es importante porque lo que va a ser el motor de la recuperación, una vez que pase la tormenta, es que debemos quedarnos con nuestra capacidad productiva. Hay que enfocarnos en generar las condiciones correctas para tener la confianza de que México tendrá un buen destino.
Se requiere un acuerdo nacional para la reactivación económica, aclarando que los apoyos que se piden al Gobierno federal son diferentes a las analogías que se hacen sobre rescates tipo ‘Fobaproa’.
Cada vez que nos enteramos de una nueva ampliación en la suspensión de labores, ya sea de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la Federal, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, entre muchos otros órganos impartidores de Justicia, no podemos evitar sentir una terrible inquietud y preocupación.
Cierto es que, las medidas de prevención requieren imponer acciones de distanciamiento social, pero al mismo tiempo, el complicado engranaje de la impartición de Justicia Laboral se va oxidando a medida que incontables audiencias dejan de celebrarse, diligencias quedan sujetas a reprogramación y el principio de prontitud queda eclipsado.
