Está encargada de controlar, dirigir y vigilar las funciones de administración y finanzas
Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2020. La Comisión de Administración del Consejo del
Poder Judicial de Michoacán que se encarga de controlar, dirigir y vigilar las funciones de
administración y finanzas, llevó a cabo la primera sesión ordinaria de 2020 con la finalidad
de continuar ejerciendo de manera responsable y eficiente los recursos públicos
asignados.
La Comisión – que también gestiona la estadística administrativa, recursos humanos, así
como adquisición de bienes y servicios, entre otros- está encabezada por el presidente del
Consejo Héctor Octavio Morales Juárez e integrada por dos consejeros designados por el
mismo órgano administrativo, además del secretario de administración, quien auxilia en
todos los asuntos que le competen.
Este órgano cuenta con un reglamento, cuyos artículos 6 y 7 instauran que los acuerdos
se toman por mayoría de votos de sus integrantes, quienes no pueden abstenerse de
hacerlo salvo impedimento legal. Las sesiones pueden llevarse a cabo con un mínimo de
dos asistentes, y si uno o más se abstienen de votar, el asunto se tratará en el pleno del
Consejo para su resolución.
Para una adecuada toma de decisiones sobre el gasto, las propuestas se revisan con base
en las tres directrices asentadas en el Acuerdo de Austeridad y Disciplina del Ejercicio del
Gasto Público vigente desde junio de 2016: de servicios personales, de recursos
materiales y servicios generales, así como de viáticos y otros; las cuales han logrado
mejorar los mecanismos, optimizando el aprovechamiento de los recursos humanos y
económicos, pues determinan adecuaciones y estrategias tanto financieras como
operativas.
Ejemplo de ello, es toda la adquisición de bienes muebles, equipo informático, materiales
de oficina, limpieza e higiene, así como bienes de consumo que son autorizados
exclusivamente por la Comisión de Administración, previo análisis y justificación. Éstas se
desarrollan de manera consolidada a través de actos licitatorios públicos que aseguran las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad, garantía y
demás circunstancias pertinentes.
Para un adecuado uso del recurso, el acuerdo de austeridad que rige actualmente al Poder
Judicial de Michoacán prohíbe cualquier gasto suntuoso, innecesario, superfluo o que no
se encuentre aprobado en el presupuesto anual.
